Las afectadas se niegan a perder tres meses de trabajo
Plantean enjugar la deuda con la fianza y Educación dice que no es legal
Las trabajadoras afectadas por el cierre de comedores escolares tras el cese del servicio de Royal Menú Catering continúan con las movilizaciones y no piensan dejarlas hasta que se les garantice el cobro de los salarios devengados de septiembre a noviembre. Ayer se concentraron ante la Delegación de Educación para exigirlo y si el delegado, Antonio Sutil, no las recibe irían a Sevilla a protestar.
“El conflicto está complicado, porque la empresa licitadora (Col-Servicol) ofrece condiciones de renuncia. También está sin resolver la negociación del expediente de regulación de empleo de Royal Menú, que finaliza el próximo día 5, y la Junta no asume responsabilidades”, resume Teresa del Arco, de UGT, y presidenta del comité de empresa. Entiende que hay trabajadoras que pudieran aceptar renuncias, pero aún así reclamarían a la Junta. Plantea que la cuantía de la fianza depositada por Royal Menú es “prácticamente similar” a la cantidad que se adeuda, entre 110.000 y 115.000 euros. Defiende que la prioridad con la fianza debe ser pagar a las trabajadoras si Col-Servicol es la adjudicataria y no se subroga en las trabajadoras. “No vamos a permitir que nosotras seamos siempre las dolientes”, advierte.
Por su parte, el responsable de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, asegura en un comunicado que ese procedimiento relativo a la fianza “está totalmente fuera de la legalidad vigente” y que los sindicatos “son plenamente conscientes” de ello. Añade que “no existe ningún mecanismo legal actualmente” que permita a la Junta pagar deudas de una empresa externa.
Juana Carretero, delegada de CC OO en el comité, dice que son “las más vulnerables en esta obra de teatro que han montado”. Javier Lacarra, responsable de Hostelería de UGT indica que “la solución la tiene la Administración y las trabajadoras la decisión final, que respetaremos”. Y Antonio Díaz, su homólogo en CC OO, pone el foco también en lo social: “No es admisible que haya 2.000 niños sin comedores”, sentencia.