La Justicia asesta al Ayuntamiento otro varapalo por el Hípico

El conocido como “caso Hípico” no hace más que castigar las ruinosas arcas municipales. Y es que el Ayuntamiento de Jaén acaba de recibir un varapalo judicial de consideración, que le costará a todos los jiennenses la nada desdeñable cantidad de 535.347 euros, más intereses. Un juez ha condenado a la Administración local a pagar esa cantidad como consecuencia colateral de la operación urbanística, realizada por el equipo de Gobierno de Carmen Peñalver en el verano de 2008 y que supuso el traslado del Campo Hípico a unas nuevas instalaciones a las afueras de la ciudad. La sentencia obliga al Ayuntamiento a cumplir un convenio firmado con el Club Hípico de Jaén para indemnizar a esta institución por tener que dejar su sede.

Para entender esta historia hay que retrotraerse dos legislaturas atrás, con Carmen Peñalver como alcaldesa. El equipo de Gobierno planeó, entonces, construir el mayor aparcamiento de la ciudad sobre las instalaciones del antiguo Campo Hípico General Cuesta Monereo, contiguo al Parque de La Alameda. No obstante, antes de empezar las obras había que solventar varios problemas. El primero era el traslado de los caballos a otro lugar. El segundo pasaba por indemnizar al Club Hípico por marcharse de su histórico emplazamiento de La Alameda —estaba allí desde 1955 con una concesión administrativa—, unas instalaciones en las que ha ido realizando sucesivas mejoras y que no pudo amortizar.

Para dar solución a ambos escollos, el Ayuntamiento emitió sendos decretos, con fecha 22 de julio de 2009. En primer lugar, se llevó el Hípico a una parcela situada en las afueras de la capital, en concreto, al paraje conocido como “El Evento”, cerca de Cerro Molina. El terreno elegido era propiedad de la constructora Fuconsa. Así, la empresa y el Ayuntamiento alcanzaron un acuerdo para que la administración local le expropiara esos terrenos. Se fijó un precio por la operación y, a continuación, incluso, se realizaron obras para poder acoger las instalaciones y los caballos. En el verano de 2009, el Club Hípico se trasladó.

El segundo decreto hacía referencia a la compensación que debía recibir esta entidad deportiva por marcharse y por las mejoras que dejó en su sede. El Ayuntamiento se comprometió a pagar 535.347 euros (325.000 en metálico y el resto con una parcela en el SUNP-7, en Las Fuentezuelas que, en aquel momento, era de propiedad municipal).

¿Cuál es el problema? Simplemente que el Ayuntamiento, ya con el equipo de Gobierno de José Enrique Fernández de Moya, no pagó ni un solo euro. Ni hizo frente al convenio con la empresa propietaria de los terrenos de Cerro Molina ni tampoco al firmado con el Club Hípico. El argumento para no hacerlo es que los acuerdos fueron suscritos por Carmen Peñalver sin tener en cuenta la consignación presupuestaria. Todos los intentos por llegar a un acuerdo resultaron infructuosos, así que solo quedó la vía de los tribunales.

En febrero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jaén, con el magistrado Jesús Romero, condenó al Ayuntamiento a pagar a Fuconsa 3,4 millones de euros por la expropiación de la parcela y por las obras que se hicieron en ella para albergar las instalaciones. Esa resolución judicial está actualmente recurrida en el TSJA por el Consistorio.

Y hace apenas unas semanas, otro juez de Jaén ha vuelto a dar un segundo varapalo al Ayuntamiento por el caso “Hípico”. Condena a la Administración local a pagar los 535.000 euros al Club Hípico. Su señoría entiende que el acuerdo firmado con la entidad deportiva tiene total validez, en contra de lo mantenido por el Ayuntamiento, que defendió en el pleito que los convenios firmados eran nulos. El magistrado recuerda en su sentencia que el Consistorio no instó la nulidad de oficio y tampoco declaró “la lesividad” del convenio, tal y como le instó el interventor municipal en sendos informes.

Tanto el Ayuntamiento como el Club Hípico de Jaén han recurrido esta segunda sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El Consistorio mantiene que el decreto es papel mojado y que fue firmado por la anterior alcaldesa sin los informes técnicos preceptivos y sin la consignación presupuestaria. Por su parte, la entidad deportiva también ha acudido al Alto Tribunal porque la parcela de Las Fuentezuelas que se recoge en el convenio ya no pertenece al Ayuntamiento, por lo que reclama el pago de los 535.000 euros íntegramente en metálico.