José Antonio Nieto: “La Ciudad de la Justicia es una reivindicación y una necesidad”

Le quita el sueño el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con Jaén en el desarrollo de las funciones encomendadas en tres carteras que requieren mano izquierda y cintura política: Justicia, Administración Local y Función Pública. José Antonio Ballesteros (Guadalcázar, Córdoba, 1970) tiene carta blanca para construir la Ciudad de la Justicia con financiación cien por cien autonómica. Está convencido de que, en dos años, quedará erradicada la dispersión de sedes judiciales que dificultan el trabajo y merman la calidad de un servicio público para la ciudadanía jiennense.

—Estaba María del Mar Moreno como delegada del Gobierno andaluz en Jaén, en 1996, cuando se dieron los primeros pasos para construir una Ciudad de la Justicia. ¿Entiende que los jiennenses desconfíen de la política, cuando, treinta años después, no hay ni una piedra?

—No sólo lo entiendo, es que mi trabajo consiste en conseguir que eso revierta y mi obsesión permanentemente es volver a recuperar la confianza de los ciudadanos, porque si desconfían en sus instituciones, es una patología muy grave de una democracia. Conozco a María del Mar Moreno, he sido compañera de ella en el Parlamento y he criticado muchas veces anuncios como estos incumplidos en mi etapa en la oposición. Precisamente por eso hemos querido tratar con mucho respeto, cuidado y mimo el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Jaén. Es una reivindicación de la sociedad jiennense y una necesidad para la Consejería de Justicia, porque nos vemos obligados a trabajar y a impulsar reformas que no tienen parangón en los últimos años, como la transformación de los juzgados antiguos en tribunales de Primera Instancia en unas condiciones que son muy precarias. Trece sedes distribuidas en distintos lugares de la ciudad dificultan el día a día, lo mismo que tener que ubicar en ellas organismos transversales que ya no son individuales sino colegiados. Por lo tanto, es una aspiración compartida y en este caso tenemos la suerte de contar con un presidente al que no le gusta las promesas que se incumplen, que no quiere que haya proyectos que aparezcan y desaparezcan por arte de magia, sino que busca que se trabaje con seriedad y rigor. Eso es lo que hemos intentado hacer y lo que nos lleva a hacer un anuncio que nos hubiera gustado hacerlo antes, pero tuvimos un “lapsus” de nueve meses esperando un informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales que nos ha retrasado ese trabajo, pero recibimos el documento, se trasladó a la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera todo el proyecto y ahora nos dice dos cosas. Una, que si queremos tramitarlo como concesión de obra pública hay que hacer unos ajustes que impone la normativa del Estado y que dificulta mucho que se pueda ejecutar. Y dos, que valoremos la posibilidad de hacerlo con recursos propios, porque la buena gestión de los presupuestos anteriores, que terminaron con superávit, y una reforma de la Unión Europa nos deja no sólo destinarlos a deuda, sino también a inversiones financieramente sostenibles, que tienen una buena estructura económica y un retorno social alto. Aceptamos la recomendación, hemos alcanzado un acuerdo impulsado en primera persona por el presidente de la Junta con la Consejería de Hacienda y el proyecto se financiará al cien por cien con recursos de la Junta de Andalucía.

—¿Qué beneficios conllevará?

—Habrá un ahorro, porque ya no tenemos que pedir un crédito para construir, recuperaremos el control total sobre la tramitación y ejecución de la obra y no tenemos que generar ningún tipo de retraso, sino que nos mantenemos en los mismos plazos previstos y la Ciudad de la Justicia estará terminada y en uso en 2029, otro de los retos marcados.

—¿Significa volver al punto de partida sin retrasos?

—Hemos tenido fases muy diversas en la tramitación, porque lo primero que hice fue pedir al Ayuntamiento que unificaran las parcelas cedidas y tuvimos un retraso de unos meses. Luego tuvimos que impulsar el proyecto, que es muy complejo, hemos tenido que esperar nueve meses a que el Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitiera su informe... Aquí milagros no hay y, por lo tanto, para nosotros es sagrado que se entienda que una obra de un edificio de más de 30.000 metros cuadrados no es crujir los dedos, requiere un trabajo muy serio técnico, arquitectónico y de ejecución.

—¿Usted aboga por dejar la Audiencia Provincial donde está?

—No. Yo abogo por que se cumpla uno de los requisitos fundamentales de un equipamiento judicial: La unificación.

—¿Cuáles son las principales reivindicaciones que recibe del sector judicial de Jaén?

—Fundamentalmente, cualquier persona con una mínima información y compromiso con el servicio público de Justicia, la principal reclamación es disponer de una sede adecuada, desde hace mucho tiempo. Luego hay más, dependiendo de la profesión, porque los abogados, por ejemplo, nos plantean que el turno de oficio esté en las mejores condiciones posibles, los jueces nos piden disponer de recursos humanos, materiales y digitales adecuados y los ciudadanos, que no entran en esas disyuntivas, lo que quieren es tener acceso a la Justicia en unas condiciones dignas. El Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía ayudará a mejorar la calidad y la agilidad.

—¿Cómo van los pagos del turno de oficio?

—Van muy bien, estamos pagando en quince días desde que recibimos la liquidación de los colegios, algo que no ha ocurrido nunca. Ellos también hacen un esfuerzo para saldar las cuentas en el menor tiempo posible, de tal forma que las personas que realizan algún asunto dentro del turno de oficio reciben el dinero de la siguiente manera: cuando finaliza un trimestre, hay un mes para que los colegios de abogados nos pasen la liquidación y quince días más para hacer el pago.

—¿Qué le trasladaron los abogados en las jornadas que usted inauguró en la capital?

—Me felicitaron por mi santo, me agradecieron que por fin estemos dando a la Abogacía el sitio que merece y ya me advirtieron de que continuarán con sus reivindicaciones porque, evidentemente, es su trabajo y su obligación. También coincidimos en varias cosas que creo que son ya compartidas. Por un lado, que el turno de oficio no puede ser el único medio de vida de ningún abogado, porque eso es condenar a la precariedad a quien así lo pretenda. Por otro, que además de preocuparnos de los ingresos de los abogados, también hemos de hacerlo de la calidad del servicio que damos al ciudadano, que debería ser lo primero y que para nosotros es prioritario que se controle y se garantice. Por último, que hay retos nuevos que tenemos que afrontar juntos, como la Inteligencia Artificial, que no sabemos si será una palanca de desarrollo para el mundo del Derecho o la puntilla definitiva de la profesión. La Abogacía tiene un papel clave en el desarrollo de la Justicia, lo mismo que la Procura y los graduados sociales, que son el hilo que conecta al ciudadano con las sedes judiciales.

—¿Cómo lleva la reorganización de los tribunales de Primera Instancia en Jaén?

—Se ha hecho un trabajo fantástico, empezando por el delegado territorial de Justicia. Por cierto, el Juzgado de Cazorla ha sido reconocido como uno de los más eficientes de España por el propio Ministerio de Justicia. El triple salto mortal era conseguir la transformación en Tribunal de Instancia del Partido Judicial de Jaén, porque tuvimos que hacer un esfuerzo poniendo locales nuevos para que se pudieran llevar los servicios comunes los que tienen más espacio y mucho trabajo con implicación personal de jueces, fiscales, letrados y funcionarios, liderado por Javier Carazo.

—Está el extremo positivo de Cazorla y el negativo de Villacarrillo. ¿Qué pasa realmente?

—Estamos culminando un proyecto tremendamente complejo por muchas razones, sobre todo porque se trata de rehabilitar un edificio de alto valor patrimonial, con bastantes dificultades en el tratamiento del propio inmueble para adaptarlo a sede judicial, pero que ya tenemos resuelto y licitaremos de manera inmediata. No sólo nos ocupamos de la capital, sino que los municipios del interior también queremos que sean atendidos por una justicia de calidad. Además de la Ciudad de la Justicia, en la provincia tenemos tres proyectos muy importantes, como el de Villacarrillo, que es el que está más maduro; el de Linares, que también será un salto de calidad con una instalación que triplicará casi el espacio actual y permitirá crecimiento de planta judicial necesario, y otra sede en Alcalá la Real para conseguir la modernidad que la Justicia del siglo XXI se merece.

—¿Faltan juzgados?

—Faltan jueces y magistrados en la capital y en la provincia. Necesitamos cubrir aquellos partidos judiciales que tienen muy superado el módulo que establece el Consejo General del Poder Judicial.

—¿Qué es lo que más le preocupa en el caso de los tribunales de violencia sobre la mujer?

—Nos preocupa la especialización y la atención a las mujeres víctimas de violencia. Queremos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para resolver una cosa que creo que entiende todo el mundo. En este momento hay una duda sobre si en cada partido judicial se atienden a estas mujeres o se comarcaliza y se nombran a jueces especializados. El Ministerio aboga por hacerlo en unos sitios de una forma y en otros de otra. A nosotros no nos vale esa fórmula. Si es bueno comarcalizar y tener jueces especializados, hagámoslo todos y, si es malo, no lo hagamos en ningún sitio. Ese modelo dual es negativo y queremos que se resuelva en la dirección que los técnicos consideren más adecuada la atención.

—¿Cómo se resolverá la actual carga de trabajo?

—La competencia para ampliar la plantilla de jueces es del Ministerio de Justicia, no paramos de pedir más, el año pasado 136 y nos dieron cero, no hubo ni un incremento en ningún partido judicial en Andalucía, algo que no había ocurrido desde la época de la crisis económica más dura. Nos tocó afrontar la transformación de Primera Instancia, dar la cara con funcionarios, jueces y fiscales con una ley que no habían acordado con la Junta de Andalucía y, además, nos encontramos con un Gobierno que no cubre las necesidades de los distintos territorios ampliando la plantilla de jueces y permitiendo que se pueda atender en unas condiciones adecuadas.

—¿Cómo lleva eso de implantar en Andalucía las reformas que impulsa el Gobierno central?

—Hago algo que nos pide el presidente de la Junta de Andalucía permanentemente: el respeto institucional. Lo mantengo, pero no me gusta. Yo creo que un Gobierno que se tome en serio el papel que tienen las comunidades autónomas, no puede aprobar una ley sin haberla debatido con los responsables autonómicos, imponerla y no poner ni un euro para aplicarla. Es el plan de yo invito y tú pagas. Me parece una mala solución y una tomadura de pelo, porque esa ley nos va a costar más de 56 millones de euros entre el año pasado, este y el siguiente. Insisto, debería de haber más responsabilidad. Aun así, las leyes, nos gusten o no, las cumplimos y las acatamos.

—¿Cree que la justicia es lenta?

—Yo sé que la Justicia es lenta, no lo creo, y trabajo todos los días porque sea más ágil y deje de tener problemas más allá de los que genera el propio sistema judicial en España. Tenemos un modelo muy garantista. Por ejemplo, en el anglosajón, el sistema judicial asume los errores y entiende que es mejor una Justicia que se equivoca más, pero es más rápida. En España tenemos un modelo de justicia que intenta equivocarse muy poco o nada a cambio de más lentitud. Seguramente habrá que ser menos garantista para ser más ágil, pero sin renunciar a la calidad y sin perjudicar al ciudadano. Hay que buscar un equilibrio dentro de las limitaciones de la normativa española.

—¿Cómo están las relaciones con las fuerzas sindicales?

—Están bien. En este momento, de hecho, estamos negociando con los sindicatos un acuerdo que espero que podamos cerrar muy pronto, con un esfuerzo económico importante para mejorar las condiciones de los funcionarios basándonos en la productividad.

—¿Con qué objetivo?

—Motivar a los funcionarios y que el más comprometido, implicado y que trabaja más por esa justicia ágil y rápida no cobre lo mismo que el que no está nada motivado y que supone un lastre para el resto de sus compañeros.

—¿Hay asignaturas pendientes en modernización de herramientas informáticas?

—Hemos hecho mucho, pero siempre quedan cosas pendientes. Nos encontramos en un proceso de cambio que no ha sido fácil, desde un sistema de transformación digital de los años noventa a otro de tramitación procesal nuevo, “@adriano”, que se acabó de implantar en junio del año pasado. No está maduro, tenemos que seguir invirtiendo, desarrollándolo y formando a nuestros trabajadores. No es un ordenador, eso es lo de menos, sino el software. Hay una cosa que no se ve en grandes proyectos, como la Ciudad de la Justicia, que son unos servidores que se colocan en esos edificios y que dotan de estabilidad al sistema informático de toda la infraestructura que ahora mismo no podemos ofrecer porque hay trece sedes judiciales. Hay carencias, sería absurdo negarlo, y hay una voluntad de que cada vez haya menos.

—¿Hay falta de financiación en la cartera que usted dirige?

—Esta es la otra cosa que siempre hay que decir que sí, porque como siempre hacen falta reformas y todas cuestan dinero... Agradezco a la consejera de Hacienda y a su equipo que entendieron que había que mejorar la situación de la Justicia. El Plan Estratégico tiene cinco ejes. Primero, los recursos humanos. Segundo, cambio de infraestructuras judiciales, porque si la plantilla trabaja en malas condiciones, el resultado no puede ser bueno. El tercero es el eje digital. Hay dos más que para nosotros son vitales, la humanización de la justicia y la obligatoriedad de proteger nuestro planeta, porque no puede ser que consumamos papel como si no hubiera un mañana, que las luces de una sede judicial siempre estén encendidas... Queremos que la Justicia mejore y que sea mejor, las dos cosas.

—¿Cómo afronta la avalancha de jubilaciones en lo público?

—Es una realidad que tenemos que valorar positivamente, porque una persona que llega a la edad de jubilación se merece su descanso y lo que tenemos que hacer es poner en marcha un sistema para que las incorporaciones sean inmediatas. Hemos avanzado mucho con la Ley de Función Pública en esta legislatura y, además, ofrecemos una salida laboral al talento que tenemos en Andalucía. Nos vienen unos años de mucha intensidad y carga, porque se jubila el “baby boom” y el porcentaje de jubilaciones será muy alto, por lo que el de incorporaciones también tiene que serlo.

—¿Se ve como consejero después del verano?

—No me veo ni antes del verano, aquí renovamos el mandato de miércoles a miércoles. Yo he procurado hacerlo lo mejor posible, pero es que hemos tenido de todo, la guerra de Ucrania, la de Irán, las secuelas de la covid, inundaciones como nunca... Todo eso cambia la planificación, pero hemos tratado de trabajar y luchar porque las cosas salgan adelante.

—¿Hay preocupación por una posible pérdida de la mayoría?

—No, lo que hay es una seguridad, una certeza, de que tenemos que responder a las necesidades que tiene la sociedad andaluza. Yo vi al presidente, el martes pasado, en la visita de los Reyes de España a Jaén y no me dio la impresión de un mal recibimiento.

—¿Qué peso tiene la provincia de Jaén en las decisiones del Consejo de Gobierno?

—Jaén más veces sale en el Consejo de Gobierno y en el que más nos incide el presidente de la Junta.