Indemnización por el suicidio de un detenido en la Comisaría

Francisco Moreno López tenía 36 años cuando se quitó la vida en una celda de la Comisaría de Jaén. Fue entre las dos y las tres de la madrugada del 17 de junio. Apenas unas horas antes, la Policía lo había detenido en Torredelcampo, su pueblo, acusado del robo a punta de navaja perpetrado en un salón de juegos de la capital. Francisco no soportó la idea de tener que volver a la cárcel, donde había pasado diez años y decidió “escaparse” de este mundo. Usó para ello un cordón que él mismo trenzó con los hilos de la manta que los agentes le dieron para taparse.

Casi dos años y medio después, el Ministerio del Interior ha reconocido que el suicidio de Francisco fue posible por las deficiencias que presentaban los calabozos. Y es que la reja que protegía la celda contaba con varios barrotes horizontales, que estaban prohibidos por la normativa vigente. De ellos colgó el detenido la soga con la que se asfixió. Por ello, el Estado admite su culpa en lo ocurrido e indemnizará a los padres y a la hija pequeña del fallecido con 76.000 euros. “No hay dinero que nos dé consuelo. La familia está destrozada, rota por el dolor”, explica Gloria, la hermana de Francisco.

Lo más alarmante y dramático del asunto es que la propia Comisaría había solicitado en varias ocasiones la reforma de los calabozos para su adecuación a la ley. Lo hizo constar por escrito por primera vez en 2009, es decir, cinco años antes de que Francisco se quitara la vida. Y lo reiteró la solicitud año tras año sin que la Dirección General de la Policía ofreciera respuesta alguna. De hecho, a las pocas semanas de registrarse el suicidio, Interior acometió las obras necesarias en los calabozos y reformó las celdas.

No fue lo único que falló aquella madrugada en el protocolo policial, tal y como se desprende de la resolución del Ministerio del Interior en la que da la razón a los familiares de Francisco Moreno. El escrito recuerda que el detenido, que tenía antecedentes penales y policiales, no fue sometido al preceptivo reconocimiento médico, lo que hubiera permitido averiguar su estado de salud y suministrarle la medicación en caso de ser necesario. Tampoco fue asistido de abogado de turno de oficio. “Esos dos datos, por sí mismos, revelan una irregularidad en el servicio público penitenciario”, refleja la resolución.

Y es que, tal y como se recoge en el expediente, Francisco Moreno era un enfermo. De su historial médico se desprende que padecía un trastorno ansioso depresivo y llevaba tiempo en tratamiento psiquiátrico. De hecho, se había declarado su discapacidad en el grado del 90 por ciento y consumía habitualmente varios fármacos. Desde 2004 y hasta mayo de 2014 —un mes antes de los hechos— había estado en prisión cumpliendo condena. Y estaba en libertad condicional cuando entró en el salón de juegos y trató de atracar a una de las camareras con un cuchillo de grandes dimensiones: “Mi hermano era un enfermo. Estaba mal, muy mal. La Policía no comunicó a la familia que lo habían detenido. Si nos hubieran dicho algo, les podríamos haber avisado de que tenía medicación y estoy segura de que mi hermano hoy estaría vivo”, sostiene Gloria. Para el Ministerio del Interior, estos datos revelan “una irregularidad en el servicio”.

Por todo ello, el Estado atiende parcialmente la demanda planteada por la familia y concede una indemnización de 76.000 euros a la hija y a los padres de Francisco Moreno por el anormal funcionamiento del servicio público. “Con mi hermano no se hace Justicia. Nadie nos lo va a devolver y no queremos ese dinero”, concluye la familiar.