El Punto de Encuentro atiende a 125 menores

Ciento veinticinco. Este es el número de menores que se encuentran en situación de conflictividad familiar y que, además, fueron atendidos por el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Jaén durante los primeros seis meses del año. Así lo confirman las estadísticas de este recurso público que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, al que llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.

A nivel andaluz, el número de menores atendidos ascendió a 2.038 personas. Todas las capitales de provincia —además de Algeciras, Jerez y Marbella— cuentan con Puntos de Encuentro, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posibles los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales. Durante los seis primeros meses del año, el PEF de Jaén tramitó 93 expedientes, 30 de ellos, el 32,3%, derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer. En Andalucía fueron 1.459, 802, el 54,9% de ellos vinculados a la violencia de género. En estos casos, en los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza, en todo momento, el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.

Asimismo, durante el primer semestre del año, de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 17 de ellos se localizaron en la provincia de Jaén. Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con alta conflictividad.

Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo claro de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante la resolución del órgano judicial correspondiente.