El alcalde de Marmolejo carga la responsabilidad a Relaño

El conocido como caso “Tanatorio” sentó ayer en el banquillo al actual alcalde de Marmolejo, el socialista Manuel Lozano, y al aparejador, A. L. F. Ambos están acusados de un delito de prevaricación urbanística por tramitar en 2005 una licencia para la construcción de esta infraestructura en el municipio, a pesar de que no se cumplían con los requisitos legales, tal y como relata la Fiscalía. Lozano, que entonces era concejal de Urbanismo, defendió su inocencia y derivó toda la responsabilidad del expediente al alcalde de aquella época, el fallecido Cristóbal Relaño. “Yo no participé en ningún momento en la toma de decisiones”, indicó Lozano, tal y como recoge la agencia Europa Press. “Relaño llevaba todos los detalles personalmente”, añadió. En el mismo sentido, se manifestó el aparejador.

Manuel Lozano, para el que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para cargo público, fue mucho más allá y explicó que él no concedió licencia alguna. Aclaró que el fue el pleno por unanimidad el que dio el visto bueno a los pasos que se estaban dando y esgrimió, además, que él no firmó permiso alguno. De hecho, las acusaciones no han podido presentarlas físicamente porque no llegaron a encontrarse en el Ayuntamiento de Marmolejo. Con respecto a las advertencias de la Junta de que el expediente del tanatorio incumplía la normativa urbanística, el actual alcalde aseguró que no conocía esta circunstancia.

El aparejador municipal, por su parte, se movió en la misma línea y recordó que fue Cristóbal Relaño el que asumió el asunto porque en el pueblo había “una presión enorme” por parte de la ciudadanía para construir el tanatorio. “El alcalde me lo pidió personalmente”, aseguró. Se da la circunstancia de que este profesional se encargó de forma privada de la ejecución de las obras por parte de la empresa promotora de la instalación. “No tenía incompatiblidad alguna”, dijo, al respecto.

En sus informes, tanto la Fiscalía como la acusación particular hicieron hincapié en que los acusados quieren “echar la culpa al muerto”, porque es “lo más fácil”. No obstante, resaltaron que, a su juicio, tanto el actual alcalde como el aparejador eran “conocedores” de que estaban actuando “al margen de la legalidad”. La defensa explicó que el arquitecto solo informó favorablemente sobre la licencia, ya que el pleno le había dado luz verde al proyecto. También señaló el carácter político de la denuncia. Fue interpuesta por el equipo de Gobierno formado por IU y el PP tras las elecciones de 2011, en las que desbancaron al PSOE. Por ello, pidió la libre absolución.