David contra un Goliat “eléctrico”

Paqui Jódar se hizo cooperativista energética hace un par de años. Explica que decidió pasar del gigante eléctrico Endesa a una cooperativa energética —en concreto, la andaluza Zencer— porque esta comercializa electricidad de fuentes renovables certificadas, por la protección del medio ambiente, por la lucha contra el cambio climático, para “favorecer que la energía esté en nuestras manos” y no en las de las cinco grandes eléctricas que se reparten el mercado en España y por economía. “A la larga, sale más barata, porque la producción llega directamente al consumidor”, indica. La puesta en marcha de Zencer, en 2011, y, dos años después, su entrada en el mercado eléctrico general, como comercializadora, ha sido una carrera de obstáculos, como, en general, el consumo de energías 100% limpias en España, trabado prácticamente desde la llegada del PP al Gobierno. Y, ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo acaba de inhabilitarla para la comercialización.

El motivo —recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE), del 22 de septiembre, en el que se publicó la orden— es “el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio” de esta actividad. En concreto, por incurrir en un “déficit de garantías” que asciende a 1,5 millones de euros y que, según la patronal eléctrica (Unesa), “repercute negativamente en el resto de sujetos” del sector, porque, “adicionalmente, el número de clientes de Zencer ha continuado aumentando”. De hecho, en estos momentos ronda los 1.200 socios, de los que una veintena se localiza en la provincia.

La medida, sin embargo, ha sido recibida por Zencer y sus cooperativistas, a los que, a partir del viernes, abastecerá la empresa Energía Plus, como una “injusticia”. “Un abuso de autoridad”, sentencia el coportavoz de Ecologistas en Acción y socio de la cooperativa, Javier Ramírez. “Lo que están haciendo con nuestra cooperativa es un disparate”, denuncia su presidente, Javier Porras, que explica lo que está sucediendo en la lucha de David contra Goliat que ha supuesto, desde 2011, la aparición de cooperativas energéticas en un mercado dominado por el oligopolio que forman Endesa, Iberdrola, Viesgo (E. ON), Energías de Portugal (EDP) y Gas Natural.

Porras explica que la disposición ministerial es una “medida cautelar”, dado que el expediente que origina esta situación (el déficit de garantías) “aún se está gestionando”, con recursos de por medio en los tribunales. No obstante, a la espera de que se resuelva el caso, critica unos requisitos legales que considera “obsoletos”: “La norma para el cálculo de garantías era demencial. Particularmente, a nosotros nos pedían 1,5 millones de aval, cuando, en este año, las liquidaciones que vamos a terminar pagando a Red Eléctrica rondaran los 120.000-130.000 euros”. En su opinión, estos avales ocasionaban una barrera artificial de acceso al mercado y una traba a la libre competencia que, en 2013, fue señalada, incluso, por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). “A raíz de ese informe —advierte Porras—, al cabo de 3 años, el Ministerio ha modificado la fórmula de cálculo, y donde antes nos pedían 1,5 millones, en este mes nos pedirán del orden de 35.000 o 40.000 euros de aval”. “En unos días”, la cooperativa, que —recalca Porras— está al corriente en los pagos, tendría un “estado de garantías correcto”. Sin embargo, la inhabilitación está dictada y “hay que acatarla”.