Catorce condenados por el fraude de las falsas peonadas

Catorce personas —todas vecinas o vinculadas al municipio de Valdepeñas de Jaén— han sido condenadas por el conocido como “fraude de las peonadas”. La Audiencia ha considerado probado que cuatro empresarios agrícolas simularon jornales de trabajo para que diez de sus empleados pudieran acceder al subsidio del campo. Por ello, todos han sido considerados autores de delitos de falsedad documental y estafa. Se les impone un castigo de 21 meses de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros. Además, cada uno de los falsos jornaleros tendrá que devolver el dinero de las ayudas que recibió de forma indebida. El montante global del fraude a la Seguridad Social fue de 105.800 euros, tal y como se especifica en la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario JAÉN.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia consideran que se creó una “trama defraudatoria” entre los empresarios y los trabajadores para “simular relaciones laborales inexistentes” y, de esta manera, facilitar el acceso a los subsidios de renta agraria.

La resolución, cuya ponente es María Jesús Jurado, considera probado que cuatro de los condenados tenían sociedades mercantiles dedicadas al campo. En distintos periodos comprendidos entre los años 2011 y 2015, dieron de alta a los otros diez acusados. Esos contratos estaban solo en el papel, es decir, que los jornaleros no pisaron el campo en esos días.

La investigación de la Inspección de Trabajo y de la Guardia Civil puso al descubierto estas irregularidades. Un simple cruce de datos hizo saltar las alarmas. Lo primero que llamó la atención es la contratación de un importante número de empleados para fincas de olivar relativamente pequeñas. Después, los agentes descubrieron que había jornaleros que estaban dados de alta en días en los que sus patrones no llevaron ni un kilo de aceituna a la almazara. Así que tiraron de ese hilo y llamaron a declarar tanto a los empresarios como a los trabajadores. Alguno, incluso, llegó a reconocer ante los investigadores que no había dado ni un solo jornal y que les habían firmado los contratos para poder alcanzar las 35 peonadas necesarias para el cobro del subsidio.

Los procesados negaron todos los cargos en el juicio. Explicaron que las fincas tenían una orografía difícil y, por ello, era necesario contratar más personal. También dijeron que las tareas agrícolas iban más allá de la mera recogida de la aceituna, ya que desempeñaban otras labores. Y aclararon que el fruto recolectado no se llevaba a diario a la almazara.

No obstante, los magistrados no han creído estos argumentos. Señalan “las contradicciones” en las que, según su criterio, incurrieron los procesados. Explican que los jornales no están debidamente acreditados; hablan de contrataciones para recoger la aceituna en días en los que la campaña ya está terminada y de que es imposible recoger aceituna y cortar al mismo tiempo, como sostuvieron los procesados en el juicio. La sentencia también hace hincapié en una idea: todos los trabajadores fueron dados de alta para 35 jornadas, el mínimo exigible por la ley para poder cobrar el subsidio.

Por todo ello, la Sección Tercera condena a los catorce acusados por delitos de falsedad documental y estafa a la pena de 21 meses de prisión. Es el castigo que solicitó la Fiscalía. La resolución judicial no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.