Bomberos interinos reclaman la nulidad de sus despidos

Desde hace un par de años, la relación del Ayuntamiento con los profesionales del Cuerpo de Bomberos está mediada por un profesional con toga. Un juez les dio la razón cuando reclamaban a la Administración local deudas de en torno a los 30.000 euros de media por agente por servicios extraordinarios que no se les pagaban. Otro dictaminó la nulidad de la convocatoria de plazas de interinos con la que el equipo de Gobierno local pretendía resolver el déficit estructural que acusa la plantilla. Y, ahora, que ya se ha lanzado el “aviso de que el Parque necesita seis bomberos” para la temporada estival que está en puertas, la decena de interinos que estuvieron contratados hasta diciembre reivindican la nulidad de sus despidos.

Lo hacen con el refrendo de la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento, que, dejando claro que no se opone a las comisiones de servicios para cubrir vacantes “en caso de urgente e inaplazable necesidad”, como ocurre aquí, estima en 30.000 euros el sobrecoste que está teniendo sobre las arcas municipales. “Los bomberos que han llegado en comisión de servicios son veteranos. Llevan años en el Cuerpo —en algunos casos, hasta más de 16— y, aunque tienen el mismo sueldo que los interinos, han solicitado que se les paguen los trienios y se les ha aprobado”, expone el abogado Andrés Afán.

En realidad, el equipo de Gobierno local se está rigiendo por lo que establece la Ley: “A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de sus retribuciones”. Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, esta situación ha provocado “discrepancias” en forma de reparos de legalidad entre el área de Personal y la Intervención de Fondos del Ayuntamiento que, después, el alcalde, Javier Márquez, ha terminado levantando.

Las razones que la Concejalía de Personal esgrimió para no renovar los contratos de los bomberos interinos fueron legales. El Estatuto de los Trabajadores establece que la contratación temporal “podrá tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce”. Y avisa, además, de que una eventual prórroga de esos contratos “podría dar lugar a que los trabajadores, de acudir a la vía judicial, fuesen considerados como personal indefinido no fijo”.

Sin embargo, aun haciéndose eco de la normativa, en un escrito dirigido al Ayuntamiento a raíz de una consulta sobre el personal del servicio de Bomberos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respondió en noviembre: “A la vista de las circunstancias del caso, no se considera procedente acudir a otro tipo de contratación laboral temporal”. Eso sí, apuntaba que debía indicarse que el cese de los funcionarios interinos tendría lugar cuando finalizara el proceso de selección de funcionarios de carrera al que el equipo de Gobierno local se comprometió a finales del año pasado sin que, a día de hoy, haya novedad alguna.

Los interinos que fueron cesados en diciembre se aferran a este escrito del Ministerio como a un clavo ardiendo para reivindicar, por lo social, la nulidad de sus despidos y denunciar, por la vía contencioso-administrativa, la vulneración de la garantía de indemnidad. Que nadie puede resultar perjudicado por haber reclamado en juicio lo que considera su derecho y, en este caso, se sienten víctimas de “represalias” por parte del equipo de Gobierno local. Si, el próximo día 27, el juez les diera las comisiones de servicios —aventura Afán— podrían tener los días contados.