Banquillo “gigante” para 267 acusados
La Fiscalía pide un total de 546 años de cárcel en el caso con más imputados que se recuerda en la provincia
Dicen los jueces más veteranos de la provincia que no se recuerda en Jaén un proceso judicial con tantos acusados. Y es que 267 personas tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia para responder por un presunto fraude a la Seguridad Social. “Tendrán que alquilar la Institución Ferial para celebrarlo”, dice, con cierta sorna, uno de los abogados personados en el procedimiento. Este macrojuicio está cada vez más cerca. La Fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación provisional, en el que reclama penas que suman 546 años de cárcel y cifra el agujero a las arcas públicas en casi 2,3 millones de euros.
La operación policial que dio origen a este gigantesco caso culminó en mayo de 2012. Entonces, fueron imputados cinco vecinos de Linares por vender contratos a personas que, posteriormente, obtenían ayudas por desempleo y otras prestaciones. Dice la Fiscalía que Amjad H. N., alias “Enrique”, su hijo Amer H. A., alias “Ángel” y Luisa M. M. crearon “un entramado dirigido a permitir de manera fraudulenta los subsidios”.
Presuntamente, daban de alta a trabajadores en diferentes empresas, que no realizaban actividad laboral alguna. Esos contratos tenían “la duración mínima imprescindible” para permitir a los falsos empleados acceder a las ayudas sociales o permisos de residencia en el caso de los extranjeros sin papeles. Según el Ministerio Público, lo hacían a cambio de una determinada cantidad de dinero.
En un primer momento, las pesquisas se centraron en esos tres acusados y en dos “colaboradores”. La investigación posterior, desarrollada por el magistrado Antonio Uceda, se centró en los trabajadores “fantasma”. La instrucción sacó a la luz la mayor trama descubierta hasta ahora en la provincia especializada, supuestamente, en saquear las arcas de la Seguridad Social. De hecho, agentes de la unidad de delitos económicos desplazados desde Madrid tuvieron que realizar las averiguaciones, dada la complejidad y, sobre todo, la magnitud de este caso. De hecho, la investigación, que fue muy laboriosa, duró más de dos años y medio. Hubo que revisar expediente por expediente de cada persona dada de alta por estas empresas y tomarle declaración.
Finalmente, en enero de 2015, se dictó el auto de procesamiento contra 267 personas. El escrito de acusación del fiscal otorga a Amjan H. N., alias “Enrique”, un papel clave en los hechos. Este ciudadano de origen paquistaní, pero residente en Linares desde hace décadas, era el presidente de varias sociedades cooperativas que, presuntamente, facilitaban los contratos y los certificados de empresa ficticios. Su hijo, apodado “Ángel”, también era el responsable de otras firmas. Igualmente, se describe el papel de otros tres “colaboradores”, que ocupaban otros cargos. Para estos cinco acusados, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de prisión para cada uno.
El resto de procesados, 262, son falsos empleados que nunca realizaron actividad laboral alguna y que, presuntamente, cobraron diferentes subsidios. La Fiscalía asegura que el fraude a las arcas públicas supera los 2,3 millones de euros, una cantidad cuya devolución reclama.
Actualmente, la causa judicial está en una última fase que es, también, la más farragosa. Se están notificando los cargos a todos y cada uno de los procesados, que tendrán que contestar con su escrito de defensa. El juicio, por lo tanto, está todavía lejano.
En octubre de 2015, la Audiencia de Jaén acogió el que, hasta ahora, es el juicio con más acusados de la provincia. Cien personas se sentaron en el banquillo por la conocida como operación “Shin Chan”. Aceptaron un año de cárcel por comprar carnés de conducir falsos a un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico, que está en paradero desconocido. En esa vista oral, ya hubo problemas de espacio en el Palacio de Justicia.
No es la única “macrocausa” de estas características que está pendiente de juicio en los tribunales de la provincia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Martos mantiene todavía abierto un proceso con unos 200 imputados por hechos similares, es decir, la compra de contratos falsos para obtener el derecho a los subsidios. En este caso, la empresa fantasma se dedicaba a la limpieza. El caso se remonta al año 2007.