Asesinato en Peal de Becerro: El primo del acusado afirma que le quisieron convencer para que se declarara culpable

Comienza el juicio por la muerte del joven de 29 años en Peal de Becerro tras una puñalada en el corazón cuando trabajaba de portero de un pub. El joven de 22 años acusado se ha acogido a su derecho a no declarar hasta el final del juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén bajo el procedimiento del tribunal con jurado. El segundo de los acusados, otro joven de 19 años y primo del principal encausado, se ha declarado culpable de golpear con un altavoz a la víctima y se ha conformado con el pago de una multa de 600 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra, que es lo que le pedía el Ministerio Fiscal y en lo que han estado de acuerdo el resto de las partes. No obstante, este joven una vez conformado sí que ha prestado declaración en calidad de testigo. Ante el jurado ha señalado que tras lo ocurrido en el pub, él junto a sus tres primos se refugiaron en la casa de éstos y que fue entonces cuando le quisieron convencer de que se declarara culpable porque era el más joven y el autor del crimen iba a ser padre. “Échate las culpas porque mi mujer está embarazada”, ha apuntado el joven testigo para referirse a lo que de dijeron sus primos. Asimismo, ha indicado que le pidieron que se pusiera la ropa de su primo que se encontraba manchada de sangre para así reforzar la versión de que había sido él el autor de la puñalada que costó la vida al joven Álvaro, a lo que él se negó. También ha señalado que él vio la navaja de su primo con la que se cometió el crimen, pero ha asegurado que no sabe qué pasó con ella, ni quién se deshizo de la misma porque él no quiso cogerla ni tocarlo. “Me quitaron mi móvil, no me dejaron irme”, ha afirmado en su declaración y ha apuntado directamente a sus primos en su deseo de que él como el más joven del grupo se declarara culpable de la muerte de Álvaro.

Mientras declaraba como testigo, desde primera hora, a las puertas de la Audiencia se han concentrado, un centenar de personas que se han trasladado desde Peal de Becerro para apoyar a la familia de Álvaro y pedir “justicia para Álvaro’, tal y como reza en una pancarta que han colocado a la entrada del Palacio de Justicia. El acusado por el asesinato de Álvaro declarará al final del juicio porque así lo ha solicitado su defensa. Quedan por delante cerca un centenar de testigos que están llamados a declarar hasta este jueves. El viernes será el turno de la pericial con la declaración de una veintena de peritos y después vendrá la declaración del acusado en un juicio para el que se ha reservado sala hasta el próximo martes, 30 de abril. En los alegatos iniciales, el Ministerio Fiscal ha señalado al acusado como la persona que acabó con la vida de Álvaro. Lo hizo, según el fiscal con alevosía porque “no le dejó oportunidad de defensa alguna”. Ha explicado al jurado –seis hombres y tres mujeres– que aunque pudo haber más personas implicadas por encubrir al acusado, lo cierto es que eran todos familiares por lo que no la ley no permite ejercer la acusación sobre los mismos. Para el fiscal, tanto los testigos como el volcado posterior de los teléfonos móviles que se llevó a cabo en la investigación, apuntan de manera “inequívoca” al acusado, de ahí que haya animado al jurado a “valorar objetivamente las pruebas” para sentenciar un caso que ha dejado a los padres, a los dos hermanos y a la novia del fallecido “muertos en vida”.

El Ministerio Fiscal reclama para el acusado como autor de un delito de asesinato la pena de 20 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta los 25 años de cárcel, la máxima para condenar una agresión que el abogado de la familia ha tachado de “sorpresiva, repentina e imprevista”. Además de los 20 años de prisión, Fiscalía pide que se imponga al acusado diez años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro. A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público la fija en 100.000 euros para la pareja del fallecido y otros 100.000 euros para cada uno de los progenitores. Por su parte, la defensa ha abogado por el derecho del acusado a la presunción de inocencia y ha recordado al jurado que son la acusación particular y el Ministerio Público a los que le corresponde la carga de la prueba. Los hechos que se están enjuiciando se remontan a la madrugada del 17 de julio de 2022 cuando la víctima, un joven de 29 años, que trabajaba como portero en un pub falleció tras recibir una única puñalada en el tórax que acabó en su vida. Todo ocurrió cuando la víctima les impidió acceder al local. La intención del grupo era, según el fiscal, “pedir bebidas y consumirlas fuera, algo que no estaba permitido, y de lo que educadamente les advirtió”. Álvaro, que poco después yacía en el suelo con una puñalada mortal en el corazón.

Cuando ocurrieron los hechos, Peal de Becerro se echó a la calle de forma masiva para condenar esta muerte violenta. Unas 2.000 personas se manifestaron de forma pacífica, pero al término de la manifestación se produjeron incidentes. Una vez disuelta la manifestación, un grupo de unas 1.000 personas se dirigió a la calle Andrés Segovia, donde residían los detenidos y sus familias. Fue entonces cuando se saltaron la línea de seguridad establecida por la Guardia Civil y lograron volcar tres vehículos propiedad de los detenidos, así como realizar algunas pintadas. Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió a la calle del Sol, donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas, e incluso se registró un incendio en una casa, al parecer provocado. Entonces, entidades como la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali o la Sociedad Gitana Española, denunciaron estos hechos, tras los que huyeron familias gitanas por temor a represalias. La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal por estos hechos y también emprendió acciones el Defensor del Pueblo de España después de recibir una queja desde la Sociedad Gitana Española. En septiembre de 2022, Peal de Becerro volvió a manifestarse para pedir justicia para Álvaro y lo hizo con una concentración que en esta ocasión transcurrió sin ningún tipo de incidente, ni antes ni después de la misma.