por desmantelar empresas

Un cabo de la Guardia Civil, V. S. S., de 40 años, y destinado al puesto de Bailén, se sentará en el banquillo de la Audiencia de Jaén, acusado de valerse de su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas, para luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por ellas.

No obstante, no se sentará solo en el banquillo, puesto que le acompañarán J. G. A., de 45 años, y M. A. A. M., como el supuesto intermediario y empresario, respectivamente, que se encargaban de ejecutar las operaciones de compra de las empresas.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los tres acusados tenían “un plan preconcebido” para “alcanzar la finalidad de ilícito enriquecimiento a costa del patrimonio ajeno”. En su punto de mira estaban empresas que contaban con “un importante” inmovilizado material y que pasaban por dificultades económicas para hacer frente a las deudas contraídas, de las que en algunos casos eran avalistas o garantes los propios socios.

De esta forma, uno de los acusados, J. G. A., se presentaba como intermediario de un grupo inversor que se dedicaba a la adquisición de entidades en situación de crisis y ofrecía hacerse cargo tanto de las deudas de la sociedad como de los socios.

Con él, se presentaba V. S. S., que les hacía conocer “su condición de guardia civil y daba, con su presencia en las negociaciones, apariencia de credibilidad y solvencia a las afirmaciones” que realizaba el otro acusado. Así, según señala el Ministerio Público, lograban que “los socios de las empresas en crisis económica confiaran en la realidad y legalidad de las intenciones de la sociedad interesada en adquirir” y que estaba representada por el tercer acusado M. A. A. M. Con esta manera de proceder, los acusados conseguían que los socios de las empresas con dificultades económicas “consintieran la venta de las participaciones por una exigua cantidad económica”. En todo este panorama, el guardia civil está acusado también de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas.

El agente, supuestamente en pago a sus servicios, ha recibido bienes y transferencias por valor de 66.000 euros, según se enumera en el escrito de calificación.