Malas praxis en el control alimentario

En 2012, cada establecimiento de alimentos fue inspeccionado al menos una vez al año, en 2017 solo se inspeccionaron 8 de cada 10 establecimientos, según denuncia la Organización Europea de Consumidores (BEUC), que ha publicado un informe sobre las inspecciones realizadas en la UE, en el que se constata que el número de controles alimentarios y los recursos asignados a ellos están disminuyendo en toda Europa. Entre 2010 y 2017, España vio cómo el número de empleados responsables de realizar controles oficiales se redujo de 6.318 a 5.863. Esta disminución del 7,2 por ciento en los recursos humanos se reflejó en el número de inspecciones realizadas en los establecimientos, que vieron una caída del 8,6% en el mismo período. Mientras, el número total de establecimientos de alimentos en España aumentó durante ese mismo período. Aunque parece que la situación empieza a mejorar tras varios años con una fuerte disminución en el número de controles alimentarios, España aún no se han recuperado los niveles de inspección anteriores a 2011; en 2018 se mantuvo de media el control en 8 de cada 10 establecimientos.

Actualmente, en España hay 4.633 inspectores dependientes de las consejerías de sanidad y consumo para inspeccionar un total de 602.144 establecimientos. Es decir, que hay 130 establecimientos para cada inspector. Sin contar al laboratorio, que no inspecciona directamente, hay unos 140 establecimientos para cada inspector. “La debilidad de los controles oficiales en cualquier país de la UE pone en riesgo la salud de todos los consumidores europeos, ya que tenemos un mercado único”, señala la OCU, que se hace eco de este informe. En su opinión, es necesario que el coste de la inspección no se considere un gasto, sino una inversión y que sus resultados sean visibles para los consumidores, tanto en lo que respecta a locales y establecimientos abiertos al público, “donde es necesario que el consumidor tenga información sobre cuándo se han inspeccionado y cuál ha sido el resultado de la inspección, como para todo tipo de operadores, haciendo públicas las sanciones en caso de que se produzcan”.

Todos los Estados miembros están obligados por ley a informar sobre sus actividades de inspección cada año. El informe de la BEUC advierte de que, “salvo raras excepciones”, los recursos humanos y financieros para la realización de los controles de alimentos están disminuyendo en toda la UE, al igual que el número de controles. Además, algunos miembros del personal de control señalan la falta de recursos para llevar a cabo sus tareas; los controles de los alimentos con mayor probabilidad de causar intoxicaciones alimentarias, como los huevos, la leche y la carne, entre otros muchos, están disminuyendo cada vez más; y la no uniformidad de los informes de los Estados miembros dificulta (cuando no hacen imposibles) las comparaciones.

Asimismo, los Estados miembros dan poca o ninguna prioridad a los controles de etiquetado, y se lamentan de que pocos países publican los resultados de las inspecciones de operadores individuales e informan a los consumidores sobre el cumplimiento de las normas de higiene en restaurantes y establecimientos de venta de alimentos.