Ecuador decide sobre una nueva Constitución y la vuelta de las bases extranjeras

Los ecuatorianos acuden este domingo a las urnas para votar en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente, Daniel Noboa, con las que busca modificar el marco político y constitucional del país latinoamericano en aras de mayores herramientas para gobernar, y que incluyen la vuelta de las bases militares extranjeras al territorio, en un contexto de inseguridad que sitúa a Ecuador como el país más violento de la región. Los votantes —el padrón electoral cuenta con cerca de 14 millones de personas en sus 24 provincias para las que el voto es obligatorio: mayores de 18 años y menores de 65— encontrarán en las papeletas cuatro preguntas (tres de referéndum y una de consulta popular). En el caso de que las propuestas se aprueben por esta vía, las decisiones son vinculantes y se vuelven obligatorias para el Estado.

La campaña del ‘Sí’ está liderada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente del país, Daniel Noboa, mientras que el correísta Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan, junto a organizaciones sociales y sindicatos, las propuestas. Mientras que el presidente se ha mostrado “optimista” sobre el posible desenlace del proceso electoral, el correísmo denuncia que Noboa gasta millones de dólares en una convocatoria que califica de “distracción” y no genera soluciones. También ha defendido que la actual Constitución es “garantista” y “genera” un Estado de derecho que defiende a las minorías, y sostiene que el Gobierno pretende privatizar la educación y la sanidad.

Esta votación tiene lugar en un contexto de escalada de violencia sin precedentes en Ecuador, atribuida al avance del narcotráfico y los grupos criminales. Con la declaración de conflicto armado interno --con su consecuente estado de excepción en gran parte del territorio--, la designación de las bandas criminales como grupos terroristas no ha sido suficiente para reducir las tasas de homicidios. Las operaciones conjuntas entre los militares y la Policía, pilar de la campaña de represión, no tuvo más que un éxito fugaz en 2024, pero el aumento de los asesinatos ha hecho que 2025 se haya convertido en el más violento de su historia, que afecta a la población civil que se ve atrapada entre grupos violentos que luchan por el control territorial.