Un severo plan mermará la plantilla municipal en un 20% y subirá tasas

Impelido por el Real Decreto que le ha permitido sacudirse una deuda con proveedores de más de 201 millones de euros, el equipo de Gobierno del PP apretará un agujero más en el cinturón municipal. Si con el primer plan de austeridad, aprobado en junio de 2011, ha conseguido ahorrar seis millones de euros, dejando sin cubrir, entre otras cosas, los contratos eventuales que finalizaban, con el nuevo ajuste prevé ingresar doce millones de euros y ahorrar otros veintiséis millones a costa, fundamentalmente, de una plantilla “sobredimensionada”, como la calificó el concejal de Hacienda, Miguel Contreras.
“Para poner la casa en orden” —señaló el alcalde, José Enrique Fernández de Moya—, no solo se negociará un nuevo convenio colectivo acorde con la situación de quiebra técnica que atenaza a la Administración local. Se reorganizará la estructura municipal, se reducirán productividades, se ampliará a 37,5 horas la semana laboral, con lo que se reducirán notablemente las horas extraordinarias actuales, se limitarán los liberados sindicales “al mínimo establecido por ley”, se elaborará un plan contra el absentismo y, lo más importante, se aplicará una “política de amortización de plazas”. ¿Qué significa? A partir de un “estudio de edad” realizado entre la plantilla, y tomando como referencia los 1.496 trabajadores que la engrosan actualmente, el Ayuntamiento se deshará, en los próximos diez años, de un lastre del 20% de personal. Para ello, el PP prevé “amortizar” los empleos de las aproximadamente 300 personas que tienen 55 años de edad. “Se cumple la edad, se jubila la persona y se amortiza la plaza, lo que nos permite hacer una reestructuración de la plantilla”, sintetizó el alcalde, que recalcó que el plan es una hoja de ruta para diez años y que el equipo de Gobierno pone “la mano en el fuego por salvaguardar el mayor empleo municipal posible e indudablemente el que esté consolidado —funcionarios de carrera—”, pero también los “más de 600 empleos” que se salvan en Jaén gracias al pago a proveedores. Aparte, se unificarán, por un lado, el Instituto Municipal de Empleo, la Escuela Taller y el Centro Especial de Empleo y, por otro, Cultura y la Universidad Popular Municipal; se actualizará la subvención al servicio de transporte urbano por autobús y se negociarán los servicios de recogida de basura y limpieza y de prevención y extinción de incendios, entre otras medidas.
En el capítulo de ingresos, se anuncia una revisión catastral cuando se apruebe definitivamente el PGOU. “Así ahorraremos entre siete y ocho millones de euros”, estimó el concejal de Hacienda, que indicó que, “cada diez años”, debe realizarse una revisión catastral y en Jaén no se ha hecho desde 1996. Además, entre 2012 y 2022, se actualizará “paulatinamente” el impuesto de vehículos, “que —señaló— es el más bajo de las capitales andaluzas”, habrá más inspección tributaria, se renegociará con la Diputación el convenio de sanción de multas y explotación de la zona azul, que, en 2014, volverá a ser competencia del Ayuntamiento, y se privatizará el cementerio municipal. Nuria López Priego

Al amparo del Real Decreto pergeñado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el pago a proveedores, el equipo de Gobierno del PP elevará al pleno de mañana un plan de ajuste con el que prevé ahorrar veintiséis millones de euros en materia de gastos e incrementar los ingresos en doce millones, según han explicado el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, y el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, en una rueda de prensa.Teniendo en cuenta que los populares habían repetido por activa y por pasiva que no se tocaría los puestos de trabajo consolidados, en el primer apartado, se ejecutará una política de “amortización de plazas” de aquellos empleados que actualmente tienen 55 años y que, en el plazo de la década dada al Ayuntamiento para hacer frente al crédito de 201 millones de euros, se irán jubilando poco a poco. También se reducirán productividades, horas extraordinarias, el número de liberados sindicales al mínimo establecido por Ley y se fijará en 37,5 horas la semana laboral. Se negociará un nuevo convenio colectivo y se reorganizará la estructura municipal.

Y si estas son las medidas más notables en el capítulo de gastos, en materia de ingresos se realizará una revisión catastral una vez que el PGOU se apruebe definitivamente, se revisará el impuesto de vehículos y se sacará a licitación la explotación del cementerio municipal. Más información, mañana, en la edición impresa