Un pago de 180.000 euros para abortar la huelga de autobuses
A tres días de la huelga indefinida que amenaza la normalidad del servicio del transporte público urbano en la capital, todo apunta a que se cumplirán las premoniciones del alcalde, José Enrique Fernández de Moya, y que no habrá tal paro; que los trabajadores de la concesionaria cobrarán antes del llamado día D. Las negociaciones entre miembros del equipo de Gobierno local y la empresa concesionaria, Herederos de José Castillo Castillo, se remontan al pasado mes de octubre, cuando la concesionaria adujo, de nuevo, problemas de liquidez para pagar a los ochenta empleados que tiene en plantilla. En plena feria, no percibieron sus salarios hasta el día 17, víspera de la onomástica de San Lucas.
Sin embargo, ahora hay una diferencia respecto a las periódicas convocatorias de huelga que han caracterizado el mandato que ya colea. Es la fórmula que el equipo de Gobierno local plantea para contenerla. La propuesta que, esta vez, elevó a la mesa del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) no fue la habitual renovación de la póliza de crédito que el PSOE e IU suscribieron con Caja Rural a finales de la pasada legislatura para hacer frente a la millonaria deuda contraída con la concesionaria.
“Quieren hacer un ingreso de 180.000 euros que garantice el pago de las nóminas de octubre, noviembre y diciembre”, expuso a este periódico el presidente del comité de empresa, Juan Balbín, que también se hizo eco de los reparos emitidos por el gerente de la empresa, José Castillo. “Ha comentado que, con ese dinero, posiblemente pueda pagar la nómina anterior y la de este mes, pero no la del próximo”, subrayó el trabajador, que lamentó que ningún miembro del equipo de Gobierno local acudiera, ayer, al acto del Sercla. “Responsabilidad, cero”, criticó Balbín. Con una propuesta de solución del conflicto sobre la mesa la reunión quedó aplazada para mañana, y adelantó el presidente del comité: “Como nuestra reivindicación es cobrar, en el momento en el que lo hagamos, desconvocaremos la huelga. Si no, continuaremos con ella”.
Pero vaticinó: “Con esa cuantía de 180.000 euros, en diciembre volveremos a estar en las mismas”. Retrasos en el cobro de la nómina o, directamente, su impago, aunque advirtió: “A partir de ahora, preguntará cada final de mes si hay perspectiva de cobro y, si no la hay, el día 1 del siguiente mes registraré la convocatoria de huelga”. “Si es lo que quieren, vamos a jugar al ratón y al gato”, amenazó, sin titubeos. Preguntado por esta nueva amenaza de paro indefinido, Fernández de Moya se mostró “convencido”, la semana pasada, de que esta no se materializaría. “Las negociaciones surtirán efecto”, auguró. Recordó que el mandato en curso arrancó con una “deuda heredada”, inaudita hasta entonces, de algo más de un millón de euros. “Este equipo de Gobierno —aseguró— no ha incrementado ni un euro, pero seguimos acumulándola porque no se pudo pagar con cargo al plan de proveedores”. Este es el motivo que explica que, “cada cinco o seis meses”, se tenga que renovar la operación de crédito suscrita en el mandato anterior.
Aunque no es la opción que, en estos momentos, plantea el equipo gobernante, fuentes cercanas a la empresa apuntaron que esa renovación de la póliza podría realizarse a final de año o principios de 2015. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión municipal.