Redada anticorrupción con 51 detenidos

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El comunicado emitido por la Fiscalía detalla “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas”. La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas “por sospechas graves de blanqueo”, que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, “quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoó diligencias en junio de este año”.

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. La macroperación desplegada tiene por objeto “la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos”.

Además de los 51 detenidos, se practicaron 259 mandamientos a registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar enajenar de las personas físicas y sociales investigadas con el fin de iniciar las acciones de recuperación de activos. Se ordenaron 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados. Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban, supuestamente, comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Guardia Civil también detuvo, en el marco de la operación, a los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de Velasco, informaron a Europa Press fuentes de la investigación. Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro. Entre los 51 detenidos también se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona “trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada”.
El juez investiga a un guardia civil del municipio madrileño de Valdemoro por haber alertado al exsecretario general del PP de Madrid y exalcalde, Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él, informaron fuentes jurídicas. Precisamente, Francisco Granados dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.