30 may 2015 / 08:39 H.
Uno de los mayores daños hechos al sistema democrático español en los últimos años es la sensación de impunidad de los mandatarios públicos. Hasta hace poco, incluso, se argumentaba siempre después de los comicios electorales que los ciudadanos no penalizaban a sus políticos por los casos de corrupción. Una especie de salvoconducto por “ser de los suyos”. Al apoyo electoral en las urnas se sumaba el largo proceso judicial que llevan aparejados casos que requieren de larguísimas investigaciones y que dejaba a parte de la ciudadanía huérfana de una justicia eficaz. De hecho, ni la poética ajustaba cuentas porque los implicados sacaban pecho y volvían a sus puestos de mando. Sin embargo, el proceso de cambio es irreversible porque parte, precisamente, del hartazgo de los propios ciudadanos. De la tibieza partidista de todos hacen lo mismo se pasa a querer que paguen por los delitos cometidos. La situación socioeconómica de la población hace que se someta al escrutinio cada partida pública que se fue por el sumidero de los corruptos. Ayer se conocía como el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (Partido Popular), es condenado por un delito de desobediencia. Los hechos en este caso no se refieren a una trama de corrupción, o a una partida millonaria con dudoso final. No, simplemente que durante casi cinco años demoró la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en una construcción. En concreto, en el edificio de Caja Duero, donde casualmente contaba con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas. Ahora es inhabilitado para cargo público. Su sensación de impunidad acabó en las urnas y en el Juzgado.