Orden de cierre de Petroprix
Desde que abrió sus puertas, la empresa Petroprix tuvo que hacer frente a una serie de “dificultades” para mantenerse en funcionamiento. Cambió de ubicación, se vio precintada este verano y, ahora, el Ayuntamiento vuelve a ordenar el cierre de este surtidor “low cost”, para sorpresa de muchos. El alcalde de Martos, Francisco Delgado, dictó una resolución, que apareció ayer publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por la que se ordena el “cese de actividad” de estas instalaciones de la calle Linares del polígono industrial Cañada de la Fuente “hasta la obtención de nueva licencia de primera utilización y puesta en funcionamiento de la actividad”. En el documento se informó, además, de que se intentó “por dos veces sin éxito la notificación al promotor” de la empresa, Manuel Santiago, por lo que se entiende notificado mediante la publicación.
De este modo, con esta orden dictada por el alcalde, sería la segunda vez que se produciría el cierre. La primera fue a finales de agosto y, entonces, hubo incluso una concentración de una veintena de trabajadores de la empresa a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su desacuerdo ante la decisión del alcalde. El pasado verano, la Policía Local selló el surtidor para impedir que pudiera funcionar. Tal fue la tensión vivida con el Ayuntamiento que la sociedad se planteó el traslado de la sede de Petroprix desde la ciudad marteña a Barcelona, lo que conllevaría poner en peligro unos cuarenta empleos.
El problema tenía su origen en la denuncia de un vecino, en la que se ponía en duda la legalidad técnica de este surtidor “low cost”. Los técnicos del Ayuntamiento confirmaron que había algunas irregularidades en cuestiones de seguridad contra incendios y que, al no subsanarse en el plazo previsto, había que cerrar “de manera cautelar” las instalaciones. Días después, Petroprix volvió a abrir sus instalaciones tras solucionar las ”medidas de seguridad” que llevaron al Ayuntamiento a ordenar su cierre cautelar. A través del BOP, se comunicó que la empresa tenía cinco días para el cese de la actividad, sin entrar en más detalles.
Por otro lado, el pasado invierno, fue el grupo de Izquierda Unida el que causó más de un “dolor de cabeza” a la empresa. La formación denunció, entonces, que esta firma realizaba su actividad en un lugar en el que lo prohíbe el PGOU, ya que hay que dejar “cuatro metros de retranqueo”. Las instalaciones se encontraban en la calle Torneros del polígono, y finalmente se trasladaron a la calle Linares. Este periódico intento, sin éxito, conocer la versión de la empresa sobre este asunto.