Ni la Iglesia está ya a salvo
El archiconocido dicho cervantino de “con la Iglesia hemos topado” puede perder trascendencia con la futura Ley Democrática de Andalucía. La institución eclesiástica estará tan obligada como las administraciones públicas a retirar símbolos franquistas de templos y catedrales. Y deberá hacerlo por la proyección pública que tienen y porque se financia con dinero de los ciudadanos. Si, en vez de en Madrid, el Valle de los Caídos estuviera en Andalucía, con la entrada en vigor de la futura Ley Democrática que el Ejecutivo autonómico empezó a tramitar el martes “tendría que echarse abajo o se neutralizaría su sentido ideológico”. Así de taxativo se mostró el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, a preguntas de los periodistas durante la presentación del anteproyecto andaluz. Por oposición a la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007, la futura norma autonómica no quiere dejar cabos sueltos, y no hacerlo supone acabar con maniobras “torticeras” como las que —en opinión del también historiador cordobés— “se han utilizado” hasta ahora para no desterrar del interior o de las fachadas de catedrales, iglesias y ermitas los símbolos franquistas a los que llevan 75 años dando cobijo.
Los “valores artísticos” que se esgrimían hasta el momento “ya no serán obstáculo” —indicó Naranjo— para mantener vestigios de uno de los episodios más oscuros de la Historia del pueblo español. En este sentido, el director general de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía destacó la proyección pública que tienen los símbolos franquistas —en lápidas, cruces y homenajes a los “caídos por Dios y por la Patria”— que subsisten bajo las soberbias cúpulas de numerosos templos religiosos y también recordó, como argumento para zanjar polémicas y posibles reacciones en contra: “La Iglesia funciona en parte con dinero público”. Pero, sobre esos supuestos valores artísticos que se han aducido de forma recurrente, reflexionó: “Las arquitecturas fascistas y también la franquista solo generaron bodrios y desastres urbanísticos”.
“Queremos que nuestro paisaje público sea como el de Francia, Alemania o Italia”, defendió Naranjo, que comentó que, “en ningún país”, existen símbolos que exalten “valores ofensivos para las víctimas —o, como en el caso español—, anticonstitucionales y franquistas”. Y, para ello, recordó que la futura ley da 18 meses desde su entrada en vigor para retirar estos vestigios de calles, plazas y edificios públicos. De no ser así, advirtió: “La Junta actuará de oficio”, con sanciones de hasta los 10.000 euros. No obstante, se mostró optimista: “No creo que haya que llegar a la sanción”.
De los munícipes consultados por este periódico, tan solo el de Andújar, Jesús Estrella (PP), mostró reparos. Preguntado por los símbolos franquistas que trufan el Santuario de la Cabeza, señaló: “Lo que hay en él forma parte de la Historia de Andújar”, y amenazó: “Si la Junta considera que son símbolos ofensivos, que venga ella a retirarlos”. El resto afirmó que acataría los dictados de la futura Ley Democrática. Pero el Obispado guarda silencio.
Vestigios del “baño de sangre” que —según el director general de Memoria Histórica— fue el fratricidio español entre 1936 y 1939 son el monumento a los caídos que hay en uno de los ábsides laterales de la parroquia de la Asunción, de Porcuna; la losa con la mención al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en la fachada de la ermita de Pegalajar, o la mismísima Catedral de Jaén, con lápidas en las basas de las cuatro columnas que dan al altar mayor que recuerdan a los “reverendos sacerdotes diocesanos asesinados en la revolución marxista de julio de 1936 a marzo de 1939”.
“Una placa que habla de hordas marxistas hay que quitarla”, subrayó el responsable autonómico de Memoria Democrática, que, con el mismo optimismo del que hizo gala al hablar de la importancia de que las administraciones locales cooperen con la Junta en la aplicación de la futura Ley Democrática, dijo esperar que “no sea necesario presionar” a la Iglesia para que retire los elementos que enaltecen una etapa “negra” de la Historia española. De hecho, apeló a las “virtudes cristianas” que la institución católica preconiza para que destierre estos vestigios de entre sus muros.
LAS CLAVES DE UNA LEY AUTONÓMICA QUE QUIERE CICATRIZAR HERIDAS
Una norma para “saldar deudas con las víctimas, con los luchadores de la libertad y con la democracia”. Así defiende la Junta la futura Ley Democrática que está tramitando. Una normativa que “pretende cicatrizar heridas” y que, entre las “novedades” que incorpora, contempla la elaboración de un censo oficial de víctimas y la ampliación de “lugares de la memoria”. “El Estado tiene el deber público de ejercer la memoria”, clamó el director general de Memoria Histórica, Luis Naranjo. Y tiene esa obligación para satisfacer los derechos de un pueblo “a conocer su pasado” y a la “no repetición de episodios negros”, como el que —denunció— derivó del “golpe de Estado” del 18 de julio de 1936. Estos son los argumentos que la Junta de Andalucía blande para defender la futura Ley Democrática. Una norma que —recordó la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez—: “Supera y adapta a Andalucía el marco legislativo estatal”, y que, lejos de reabrir viejas heridas, “pretende cicatrizarlas”, apostilló la responsable provincial de la Oficina de Vicepresidencia, Marisol Gutiérrez.
Se trata —resaltó Naranjo— de “normalizar la memoria” y de dignificar al millón de víctimas que quedan en las cunetas, y que añadió: “No se puede seguir soportando”. Para ello, la futura norma incorpora novedades como las siguientes.
Censo oficial de víctimas
“El relato historiográfico está escrito”, admitió el responsable autonómico de Memoria Histórica. “Pero —lamentó— no está oficializado”. Para ello, se elaborará “un censo oficial de víctimas” que prestará “especial atención” a colectivos tradicionalmente olvidados como las mujeres, la guerrilla antifranquista, los gitanos, los homosexuales y los exiliados republicanos en campos de exterminio nazis.
Exhumaciones
En el marco de la futura ley, la Junta podrá exhumar “de oficio cuando las condiciones lo requieran”. También podrán realizarse a instancia de “asociaciones memorialistas, los familiares de las víctimas o de grupos de estudios historiográficos vinculados a la memoria”, indicó Naranjo, pero “siempre” —subrayó— deberán contar con autorización de la Junta; estarán supervisadas por un comité técnico y comunicadas al juzgado competente. “El protocolo cumplirá todos los estándares internacionales”, garantizó.
Lugares de la Memoria
El objetivo de esta medida, que se aplica desde agosto de 2011, es señalar a la ciudadanía “episodios que tienen que ver con la represión franquista”. En la actualidad, existen 48 lugares de Memoria en Andalucía entre los que, en la provincia, se cuentan el Refugio Antiaéreo de la capital, los vestigios de la batalla de Lopera y las fosas comunes de los cementerios de Andújar, Martos, Linares y Úbeda. “Y se seguirán ampliando”, anunció Naranjo, “con garantías de conservación” que se recogerán en un decreto posterior.
Expropiaciones “transitorias”
La Ley Democrática contemplará la posibilidad de acometer expropiaciones “puntuales y transitorias” del uso de terrenos privados “si el propietario no da su consentimiento”, indicó el director general de Memoria Histórica, que subrayó que tendrán carácter “reversible” cuando termine el proceso de exhumación. Aparte, se creará un Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, un Instituto de la Memoria Democrática, un Plan de Memoria Democrática cuatrienal, y “se fortalecerá la conciencia antifascista”, con la incorporación de las investigaciones realizadas hasta el momento en los contenidos curriculares de Educación Secundaria y Bachillerato.