Más allá del debate del oro o el agua

Las imágenes saltaron a los medios de comunicación de todo el mundo. Diario JAEN también se hizo eco de la protesta en su contraportada del pasado 25 de noviembre. Cientos de campesinos peruanos protagonizaron una movilización para evitar que el nuevo proyecto de explotación de la mina Conga, impulsado por la empresa Minera Yanacocha —con capital estadounidense—, conlleve la destrucción de cuatro lagunas naturales. Conga se ubica en los distritos de Sorochuco, Huasmín y La Encañada, repartidos entre las provincias de Celendín—los dos primeros— y Cajamarca —el tercero—. Las provincias forman parte del departamento —denominación peruana asimilable a las regiones españolas— de Cajamarca, a la que también pertenece el Jaén peruano.
Las cifras puestas encima de la mesa por la minera Yanacocha, que impulsa el proyecto, son de auténtico vértigo: 3.617 millones de euros de inversión, 3.071 millones de euros de ingresos para las arcas públicas y la creación de 6.000 puestos de trabajo. A cambio de la destrucción de las cuatro lagunas, propone la construcción de tres embalses con el doble de la capacidad de almacenamiento actual de las lagunas.
El Gobierno regional y parte de la población cajamarquina son los principales opositores al proyecto. El motivo argumentado se basa en que las lagunas, según afirman, pertenecen a la cabecera de cuenca, por lo que temen que en el futuro la escasez de agua —por sí misma ya un problema serio para esta zona de la región— se agrave aún más. También se apoyan en cuestiones medioambientales, como el impacto paisajístico en un entorno de una belleza indiscutible. La movilización consiguió paralizar, al menos por el momento, el proyecto de la minera. La reelaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se acomete actualmente con el objetivo último de convencer a los opositores.
El Gobierno de Ollanta Humala es el principal valedor del proyecto. El propio presidente argumenta que solo con los ingresos que se embolsará el Estado se podrán materializar las promesas de inclusión social realizadas durante su campaña. Unos avances sociales especialmente necesarios en la región de Cajamarca, marcada por altos niveles de pobreza, unas pésimas comunicaciones —como pudo constatar Diario JAEN en su visita a la zona en 2010— y una agricultura minifundista sin orden ni control, según lamentan expertos analistas peruanos. Además, el Estado peruano teme que se esfumen otros proyectos mineros, ya apalabrados y que también conllevarían importantes ingresos para un país en crecimiento y con muchas posibilidades. El Gobierno de Humala no quiere perder un tren que les llevaría directamente a mayores cotas de desarrollo. “El proyecto  Conga es importante para Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano”, afirma insistentemente el presidente del país suramericano.
Detrás del debate de “oro o agua” se esconde, por tanto,  cómo compatibilizar el respeto al medio ambiente con las buenas perspectivas de desarrollo de un territorio para el que la minería puede ser la lanzadera de un crecimiento económico soñado. El temor es que la tensión entre ambas posturas enfrentadas se dispare y la consecuencias sean trágicas. Ángel González /Jaén

La “animadversión” de la población jaena hacia las empresas mineras
Para la provincia peruana de Jaén el conflicto en torno a la minería no es algo ajeno. No solo por la proximidad del proyecto Conga, sino también por antecedentes cercanos que tuvieron un importante eco entre la población. Entre ellos, los sucesos de Bagua ocurridos en junio de 2009, en los que murieron 34 personas —9 policías y 25 nativos—. El motivo del conflicto fue el temor de los indígenas a que entrara en la zona de bosque una petrolera y en los ríos Santiago y Cenepa, una minera en busca de oro. “Los indígenas siempre reclamaron que cualquier empresa extractora de riqueza en el subsuelo  contara con su visto bueno y, en el caso de que la autorizaran, que pudieran disfrutar de los beneficios. Después de tanta muerte y de muchas idas y venidas, se apostó por la conocida como ‘ley de consulta’, pero todavía se está haciendo el reglamento”, afirma un experto conocedor de la realidad del nororiente peruano consultado por JAEN y que prefiere mantener oculta su identidad. En cuanto a la provincia jaena, pone el acento en que hay “mucha animadversión” y tensión en las zonas altas “donde las empresas están penetrando poco a poco, preparándose el camino, aunque todavía sin explotaciones”, matiza la misma fuente. “Algunas empresas están ofreciendo pequeñas ayudas sin mayor trascendencia sobre el futuro; otras se han preocupado de hacer viveros para reforestar técnicamente, campañas de identificación de personas que no tienen documentos —y que, por tanto, ni siquiera existen para el Estado— y otra serie de medidas más duraderas”, explica. También resalta una llamativa iniciativa: “Incluso, en los intentos de ganarse a la población, ofrecen hacerlos socios, aunque en una pequeña parte, de la empresa minera”, apostilla. La oposición de la población, según explica la misma fuente, es manifiesta, pero, hasta el momento, sin violencia. “El problema es lo que pueda suceder en el futuro”, se lamenta el experto. 
En su opinión, Perú es un país que, en el momento actual, “no tiene más potencial económico que la minería”. “La agricultura podrá ser importante, pero antes se tienen que acometer muchas medidas relativas a infraestructuras viales, organizativas y políticas. Haría falta hacer planes muy amplios e integrales, para un largo plazo”, opina. Finalmente, considera que el Perú es un país con enormes posibilidades, pero también con importantes dificultades por su geografía y por su realidad social.