Los nuevos ricos y la hucha de las pensiones

Desde Jaén. No hace mucho me encontré con mi cuñada por la calle y, después de interesarnos por la salud y la familia, le pregunté por su situación laboral y me confesó que dejó el puesto de camarera en el café-bar en el que llevaba trabajando tantos años, porque el nuevo jefe que se quedó con el traspaso del negocio le propuso renovar el contrato, pero cambiándolo de fijo por otro a tiempo parcial de cuatro horas diarias, aunque tendría que seguir lo mismo que antes, es decir, trabajando entre 8 a 10 horas, a cambio de pagarle en negro las que excediesen las estipuladas en el contrato. “Como vivo sola y sin hijos y gracias a Dios ya he pagado la hipoteca del piso, decidí cobrar el paro y hacer algún que otro extra los fines de semana”, me dijo. Volví a preguntarle si desde que estaba cobrando el paro no la habían llamado, y me dijo que sí, que lo hicieron para trabajar de camarera en otra cafetería, pero que en la entrevista le propusieron que sería sin darse de alta para seguir cobrando la prestación por desempleo, “así que lo rechacé, pero otra compañera, con cargas familiares, no tuvo más remedio que aceptar”. Esta es una de las consecuencias de la reforma laboral. El empresario, al poder modificar unilateralmente las condiciones del contrato de trabajo, puede caer en la tentación de hacer lo que han hecho con mi cuñada. Quien no acepta esos abusos sabe que perderá el puesto de trabajo a cambio de un mísero despido y que luego, en las listas del paro, no va a encontrar nada mejor, porque si lo llaman es para lo mismo que le ofrecieron o para algo peor. Los padres de la reforma laboral y sus voceros se pasan el día intentando convencernos de la bonanza de estas medidas, gracias a las que estamos saliendo de las crisis, como reflejan puntuales bajadas en las listas de desempleados. Sin embargo, la realidad es que el descenso en el número de demandantes de trabajo se debe a la salida de extranjeros que ya han agotado todas las prestaciones o subsidios por desempleo y a la emigración de nuestros hijos universitarios sin futuro en España o, como en el caso de mi cuñada, a la explotación de quienes están en el paro, obligados a firmar contratos basura. Son lógicas las estadísticas de Cáritas y otras ONGs, que reflejan el alarmante distanciamiento entre ricos y pobres en España, en la que está desapareciendo la clase media. Somos uno de los países con mayor creciendo en el mundo de los ricos, pero el segundo en pobreza infantil, por debajo de Rumanía. Estas son las consecuencias actuales de las reformas laborales. Pero a esta injusticia social hemos de añadir el peligro en el pago de las futuras pensiones, porque las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos contratos a tiempo parcial no garantizan, en ningún caso, ingresos suficientes para la supervivencia de los jubilados del mañana que, como los de hoy, tendrán que seguir manteniendo a hijos y nietos sin trabajo y sin medios para ser autosuficientes. A día de hoy, la Seguridad Social no puede hacer frente a las prestaciones por incapacidad temporal, desempleo, maternidad, paternidad, lactancia acumulada y a las pensiones por incapacidad permanente para el servicio y de jubilación, entre otras, debido al elevado número de desempleados que no cotizan y a la escasez de recaudación procedente de los nuevos contratos a tiempo parcial. 
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en el año 2011 tenía acumulados 66.815 millones de euros, se ha visto reducido a 53.744 millones a finales de 2013. En solo dos años de reforma laboral, la llamada hucha de las pensiones, esa que nos garantizaría una jubilación digna en nuestra ancianidad, ha perdido 13.710 millones de euros, cerca del 20 % de lo que habíamos ahorrado. Cuando la hucha quede vacía ¿qué nos quedará para nuestro sustento, cuando ya no tengamos ingresos en el trabajo? A las nuevas políticas laborales hemos de sumar las de contención del gasto público, esas que prohíben la reposición de efectivos en las Administraciones Públicas, cuyas consecuencias son la supresión de los puestos de trabajo que quedan vacantes por jubilación de sus empleados públicos. 

La disminución de las plantillas también afecta y muy sensiblemente a la Inspección de Trabajo, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Esta coyuntura está siendo aprovechada por esos empresarios que engrosan la lista de los nuevos ricos, que contratan sin contrato, como propusieron a mi cuñada, para que los parados que reciben la prestación por desempleo, sin perderla, trabajen para ellos a cambio de un dinero de dudosa procedencia y que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. No hace mucho hemos enterrado al presidente Adolfo Suárez, el inventor de la palabra consenso en política, aquél que podía prometer sin mentir, que buscando el bien general sobre el particular, propició el cambio de la dictadura a la democracia soñada y quien, como garantía de nuestros derechos y libertades, nos invitó a las urnas para que aprobáramos la Constitución Española. Pues esa es mi esperanza, que aparezcan nuevos líderes, como en aquella época, llenos de ilusión y ansiedad por hacer realidad lo que propugna el artículo primero de nuestra Norma Suprema y que dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.