Las 'trampas' del alquiler de VPO

La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) ha comenzado los trámites para entregar los pisos construidos en el Bulevar, dentro de una promoción de 651 inmuebles. De ellos, más de 450 están sujetos a las condiciones de VPO en venta y unos 180 están destinados al alquiler. Los adjudicatarios de estos últimos denuncian que el contrato de arrendamiento tiene una serie de “trampas” que obliga al desembolso de un dinero del que no disponen.
Así, Rubén Paulano y Alejandro Cruz explican que, entre otros condicionantes, se obliga a los inquilinos a dar de alta la luz, el agua, el gas y cuantos servicios públicos se necesitan para ocupar el inmueble.   Todas estas altas tienen un importante coste. Además, destacan que el vecino tiene que amueblar la cocina ya que solo cuenta con el calentador, la pila de lavar y un grifo y abonar el pago anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A esto se suma que, en el contrato se obligaba al inquilino a depositar una fianza de seis meses más un mes por adelantado. Esto supone una cantidad de unos 2.100 euros. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha conseguido modificar este apartado y el residente solo tendrá que depositar tres meses más de adelanto, es decir, unos 1.200 euros. Los denunciantes añaden que el alquiler mensual también es más alto de lo que habían estimado. De esta manera, aclaran que, cuando accedieron al sorteo se les informó de que la renta sería de entre 200 y 220 euros y ahora el contrato recoge más de 300 euros al mes. 
Para los futuros arrendadores lo más irritante es que, después de invertir todo este dinero en la vivienda, EPSA revisa anualmente que la unidad familiar continúe manteniendo las condiciones económicas por las que se le adjudicó el piso y, si las sobrepasan, deben de dejarlo.
Para el delegado provincial de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, este último aspecto es, precisamente, el que garantiza que las viviendas realmente se destinan a las personas que lo necesitan y que el dinero público está correctamente gestionado.
Valdivielso argumenta que todas las cláusulas del contrato están marcadas por la ley y que la Junta de Andalucía solo ha podido intervenir en la reducción de los meses de fianza. Además, sugiere que las familias pueden acogerse, también, a las ayudas de alquiler para menores de 35 años, lo que rebaja la renta mensual.