La orujera de Baeza se trasladará al Puente del Obispo en dos años

La propuesta elaborada por la firma Oleícola Jaén, a instancias del Gobierno local, para sacar su planta extractora de orujo de la fachada sur de Baeza, de aquí a dos años, entró en el Ayuntamiento de la ciudad Patrimonio de la Humanidad el viernes pasado. En ese momento, como deja claro el alcalde, Leocadio Marín, concluyeron unas largas conversaciones con el dueño de la planta, Carlos Morillo. El proceso, motivado por las quejas vecinales y por la advertencia de la Unesco de que los humos, los malos olores y el impacto visual de la fábrica comprometían el título del que disfruta la ciudad, comenzó en 2007;_como único objetivo, el diálogo buscaba solucionar lo que, para el alcalde, “es un problema medioambiental y paisajístico” que, además, tiene “una gran repercusión entre los ciudadanos y en los medios”.
Las conversaciones en este tiempo fueron discretas, aunque no siempre fluidas. El máximo responsable municipal admitió que, en ocasiones, estuvieron marcadas por la “incomprensión de algunos” y por la “tensión” entre las dos partes. El tira y afloja motivó un ultimátum del Ayuntamiento al propietario de la orujera (el segundo que ha trascendido) que abría la puerta al cierre ejecutivo de las instalaciones. Al no llegarse a estos extremos, se ponen en marcha unos trámites que terminarán, previsiblemente, antes de un año, tal y como precisó Leocadio Marín. El expediente tendrá que obtener el visto bueno de la Administración local, de los vecinos, ya que se someterá a información pública, y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, entre otras áreas de la Junta. Después, la propuesta pasará otra vez por el Ayuntamiento y se transformará en proyecto de ejecución. En el recorrido, el plan “no debe encontrar” obstáculos, ya que, según el alcalde, el tiempo invertido hasta ahora sirvió, además de para llegar a un acuerdo con Oleícola Jaén, para que el resto de administraciones implicadas hayan dado su primer “sí” a los terrenos a los que se trasladará la extractora de orujo.
 Hasta que en dos años la nueva orujera eche a andar, la actual continuará con su actividad. Por ello, Leocadio Marín pide a baezanos y visitantes “comprensión y complicidad” para soportar las molestias. Los que pasarán por Baeza, el año que viene, serán los miembros del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos. Esta entidad evalúa si el grado de conservación de las ciudades patrimonio mundial las hacen merecedoras de esta catalogación. Si, como ya hicieron, el grupo de expertos pregunta por el impacto paisajístico de la orujera, el alcalde adelanta que, por fin, podrá informarles de que la industria está en proceso de traslado. El lugar elegido para ello permitirá una ampliación de la industria y está dentro del término municipal baezano, tal y como pactaron el empresario y el Gobierno local, en la pedanía de Puente del Obispo, muy cerca de Mancha Real. Cuando concluya el proceso, la aceitera anexa a la orujera continuará en su actual ubicación, a la entrada de la ciudad.

“No soy el malo, solicito el cambio desde 1997”
Carlos Morillo, el  dueño de la orujera, asegura que, desde 1997 y, hasta el pasado viernes, ha propuesto en numerosas ocasiones al Ayuntamiento y a otras administraciones la posibilidad de trasladar la planta fuera de su actual emplazamiento y mantener la aceitera anexa en su emplazamiento. Por eso, quiere que los vecinos no lo vean como “el malo” que se negaba a colaborar. Este baezano asegura que, ante las “presiones” es el “primer interesado” en acabar con las molestias que genera la actividad de Oleícola Jaén al tiempo que, como aclara, en otro lugar, la industria podrá ampliarse. Como prueba de su interés por acometer la mudanza, precisa que llegó a adquirir terrenos para reubicar la factoría, fincas que, al no cumplir con todos los requisitos, ahora, lamenta, tendría que vender a la mitad de lo que invirtió. Para Morillo, la clave para agilizar la salida de la extractora de orujo fuera del casco urbano es la ayuda económica pública que pueda recibir. Y es que, según calcula, la inversión necesaria para reubicar las instalaciones será, como mínimo, de entre tres y seis millones de euros.