23 mar 2013 / 09:52 H.
La operación Heracles, del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela el desvío de, al menos, 50 millones de euros de fondos públicos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados de manera fraudulenta y torticera. La segunda oleada de detenciones, ordenada por la juez Alaya, ha puesto en evidencia las conexiones por todo el país de una trama de conseguidores, abogados, empresas de seguros y otras entidades que se hicieron con grandes cantidades de dinero público gracias a la tramitación de unos ERE que contaban con subvención pública y que, en una sangrante mayoría de casos, no llegaron donde debían. Las comisiones de mediación hicieron ricos a muchas personas y la investigación policial y judicial tendrá que demostrar el origen fraudulento del dinero. Los delitos, entre otros, que se imputan a los detenidos son cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra Hacienda y falsedad documental. En esta trama, y según la investigación, jugaba un papel central un sindicalista jiennense que era el mediador y conseguidor necesario entre los cargos de la Junta de Andalucía, empresas con problemas y los negocios instrumentales a los que, al final, llegaba el dinero. Será la investigación la que determine el número total de personas que se beneficiaron de este descontrol en las ayudas. En este sentido, otra de las ramas de la investigación intentará determinar cómo fue posible que durante diez años ningún control público de gestión acabara con unas prácticas que, al margen del costoso despilfarro en tiempos tan difíciles para tantas familias que lo necesitan, ponen en entredicho el propio sistema. Una gestión que, políticamente, no fue depurada y que corresponde también a la Justicia aclarar de manera concluyente para cerrar tan lamentable episodio.