La Justicia retoma la investigación por posible prevaricación en Onda Jaén

La situación llegó a ser insostenible hace más de siete años, cuando el PSOE no tuvo más remedio que presentar una denuncia ante la Junta Electoral Provincial por un delito de desobediencia y otro electoral —este último fue rechazado por el juez— contra tres personas: el expresidente de la Sociedad Municipal de Comunicación e Imagen (Somucisa), Miguel Segovia; el entonces director de Onda Jaén, Miguel Martínez Rayo, y el que fuera “periodista estrella” del medio público, Pedro Jesús Fernández, quien trabajaba a través de una productora con un polémico y cuestionado contrato. El objetivo era que la radio y la televisión municipal ciñeran su línea editorial a los principios de neutralidad informativa y pluralidad.
Era la víspera de las elecciones municipales cuando saltó a la palestra el uso de la radiotelevisión pública “con fines electoralistas y en beneficio del Partido Popular”. Eran continuos los “ataques dialécticos” contra integrantes de la lista socialista, en especial contra su candidato, Marcos Gutiérrez, e incluso contra profesionales de los medios de comunicación a través de un programa de radio y otro de televisión que parecían hechos a medida del PP. A pesar de los reiterados requerimientos de la Junta Electoral Provincial, no se produjo un cambio de actitud, sino todo lo contrario, por lo que los tres acusados tuvieron que sentarse en el banquillo. En aquella época era alcalde Miguel Sánchez de Alcázar, a quien se le acusó de ser partícipe directo de la campaña orquestada en Onda Jaén.
diligencias. El PSOE aportó entonces documentos que apuntaban la posibilidad de la existencia de dos delitos más: prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se basaba en la emisión de anuncios de entidades cercanas al PP que, posteriormente, no se cobraron y que, en su día, se valoraron por encima de los 440.000 euros. Sin embargo, hubo que esperar dos años para que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén abriera diligencias. ¿Qué pasó? Que, de los tres imputados, el juez llamó a declarar solo a uno, Miguel Martínez Rayo, que acudió junto con la concejal Inmaculada Solar y Jesús Mollinedo, exasesor de Miguel Sánchez de Alcázar. ¿Qué tenían ellos que ver? Simplemente que, en el proceso seguido por desobediencia electoral, el concejal Miguel Segovia puso en marcha el ventilador y declaró que la decisión de contratar a Pedro Jesús Fernández se acordó en una reunión en la que estaban ambos. 
Sin embargo, en septiembre de 2009, el juez Fernando Moral decidió archivar la causa. El caso fue recurrido por la acusación ante el Juzgado de Instrucción número 1, en primera instancia, y más tarde mediante apelación. La Audiencia emite, ahora, un auto mediante el que enmienda la plana al juez Fernando Moral por no haber tomado declaración, en su día, a todos los imputados, es decir, a Miguel Segovia, que era el máximo responsable de Somucisa, y al propio Pedro Jesús Fernández, quien, presuntamente, no solo no pagaba los anuncios que se emitían en Onda Jaén, sino que, además, utilizaba los medios de la radio y la televisión municipal con “fines particulares”. Todo, con el beneplácito de Miguel Sánchez de Alcázar, entonces alcalde y ahora senador. El auto, al que ha tenido acceso este periódico, dice literalmente: “Este Tribunal discrepa de la argumentación de lo acordado en la resolución de instancia en torno a no considerar procedente la práctica de tales diligencias”. El abogado de la acusación, Diego Montiel, insiste en que son imprescindibles las declaraciones de todos los imputados para esclarecer el caso. Es más, apunta la posibilidad de que haya más personas acusadas a lo largo del proceso, aunque será el juez quien ponga sobre la mesa nombres y apellidos. Existe la posibilidad de que también tenga que comparecer el propio Sánchez de Alcázar. El varapalo judicial llega siete años después de los hechos y, de nuevo, en vísperas de unas elecciones.