La Junta busca pisos vacíos en capitales y áreas metropolitanas

La Consejería de Fomento no actuará simultáneamente en todas, porque “no es viable ni operativo”, de ahí que el plan especifique como “prioritarias” las zonas donde se produzcan mayores “desequilibrios” entre demanda de vivienda social y parque de pisos vacíos. ¿Cuáles son esas zonas? ¿Por dónde empezará la Junta la inspección? Para afinar, el departamento de Elena Cortés utilizará los registros municipales de demandantes de VPO de alquiler, en el que hay 54.000 personas inscritas. Por ahora estos registros funcionan en 375 localidades,      que se corresponden con las de mayor concentración poblacional (donde reside el 84% de los andaluces). En las capitales, las grandes ciudades y las áreas metropolitanas es donde más demanda de pisos hay y donde más desahucios se producen, previsiblemente los inspectores harán aquí la primera parada. Desde la consejería, no obstante, se traslada el mensaje de que la inspección “va a por todas”.
El objetivo del plan de inspección es encontrar los pisos deshabitados y tratar de que se alquile el mayor número posible. Para convencer a los dueños que se nieguen a arrendarlos hay dos fórmulas: sanciones de 9.000 euros si el propietario es un banco, una promotora o una inmobiliaria; e incentivos, si es un particular. Para destapar los pisos vacíos o alquileres en negro, la orden de inspección cede a Vivienda una competencia que hasta ahora dependía de Hacienda. La consejería, a través del traspaso de funciones, tendrá acceso al registro público de propietarios de pisos en alquiler y al de empresas suministradoras (de agua y luz). La norma urge a los dueños a cumplir con una ley que ya existe, pero que no todos cumplen: “depositar el importe del contrato de arrendamiento de vivienda” en Hacienda, para que la Administración conozca qué pisos hay en el mercado. Esa obligación es extensible a las empresas de luz y agua. Esta información, junto a datos fiscales y al registro de la propiedad, permitirá aflorar cientos de pisos. El plan tiene dos años de vigencia, prorrogable a tres. Vivienda utilizará a inspectores de EPSA, de las delegaciones provinciales y “sumará más personal si es preciso”. El decreto persigue modificar el comportamiento del mercado inmobiliario a través de un abaratamiento de precios que se ajuste a la caída de la renta familiar disponible (-20% en Andalucía). Los pisos se alquilarán con un precio no superior al 25% de los ingresos de la familia que lo necesite.
Justo ayer, Cortés anunció en el Parlamento un giro en su estrategia para dar salida a las VPO que son propiedad de EPSA y que no logran vender (algunas llevan más de seis años vacías). Bien por la dificultad de las familias para acceder al crédito bancario, bien porque las viviendas se construyeron apartadas de las ciudades, pensando que serían zonas de desarrollo urbanístico (antes del pinchazo inmobiliario). La consejería tiene 638 VPO vacías que empiezan a ser ocupadas ilegalmente. Una vez descartada su venta, se pondrán en alquiler a precios económicos. Las VPO están en zonas como Almanjayar (Granada), La Corza, Tabernas o Alcalá de Guadaíra. Sólo 13 seguirán en venta, porque están en comunidades de vecinos que se niegan a que el resto de pisos se alquile. Pese a que el Gobierno y la Junta difieren sobre cómo abordar los desahucios, las políticas de vivienda que desarrollan uno y otro parecen haber arrinconado este problema que, sólo el año pasado, dejó sin casa a 8.100 familias andaluzas. La ley hipotecaria del Gobierno, que entró en vigor hace tres días, ha frenado de momento todos los desahucios pendientes.
justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, hizo ayer un llamamiento a todos los magistrados de la región andaluza para recordarles que la nueva legislación les habilita para revisar de oficio todas las ejecuciones hipotecarias. La norma abre un plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución se revisen por si había cláusulas abusivas de los bancos. También permite paralizar durante dos años los desalojos que afecten a familias en riesgo.
La Junta de Andalucía no estaba de acuerdo con esta ley impulsada por el Gobierno, porque le parecía insuficiente, y desarrolló el famoso decreto antidesahucios, que permite expropiar temporalmente a los bancos viviendas de familias que estén a punto de ser desahuciadas. Desde que se aprobó el decreto, el pasado 12 de abril, por las oficinas de Vivienda han desfilado algunas familias con órdenes judiciales de desahucio en las manos, solicitando la expropiación para evitar que el banco les eche a la calle. Unos 200 hogares están en esa situación, pero ahora, tanto la ley estatal como la autonómica, han bloqueado un problema social de gran envergadura, que desde 2007 ha dejado sin casa a 86.000 familias andaluzas.