La Inspección coge a 49 empresas “tapadera” para generar subsidios

El Gobierno de España pone “encima de la mesa” las cifras de su Inspección de Trabajo, que han permitido el retorno de 11.749.245 euros a las arcas públicas porque salieron de forma fraudulenta, no se pagaron o son parte de una sanción por una conducta irregular. Los inspectores acudieron a 335 negocios porque sospechaban que podía haber “gato encerrado” o, dicho de otra manera, que su fin no fuese producir, sino “trampear”. Levantó 146 actas de infracción porque vio cosas que no estaban claras y, además, descubrió 49 sociedades “tapadera”. Solo servían para generar subsidios de paro o para conseguir permisos para trabajar —en el caso de inmigrantes—. De hecho, había casos que ni siquiera conocían los empresarios y los empleadores o vivían lejos de la provincia.
El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, destaca la labor de la Inspección de Trabajo y, después de explicar las cifras de las personas que cobran por realizar actividades sin contrato alguno o con uno que no se ajusta a su situación real, resaltó que Jaén tiene una estructura de fraude abundante. Y sin ánimo de levantar “polvaredas” —además dijo que no quería que se entendería de manera negativa—, muchas de las personas que figuran como desempleadas, en realidad, no lo están. “No tienen contrato, pero hay bastantes que sí hacen cosas”, afirma Juan Lillo. Existe una cifra que le da la razón. La Inspección visitó 258 empresas en busca de trabajadores sin contrato o que estuvieran más horas de lo que dice su alta laboral. En 233 había “tomate”. Los inspectores constataron que de las 892 personas que estaban vinculadas a esos negocios había 661 en situación irregular —sin dar de alta con un documento que no se corresponde con la realidad—. No obstante, también hay que tener presente que la Inspección va donde cree que hay cosas raras para aprovechar al máximo sus recursos. Precisamente, en todas las intervenciones se han localizado a 1.274 trabajadores que estaban sin dar de alta. La multa es de 6.000 euros —para la empresa— y llega a los 10.000 sin la persona encima cobra prestación.
colaboración. La jefa de la Inspección de Trabajo de Jaén, Mariola Palacios, agradeció la colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. También de la Tesorería General de la Seguridad Social y de los servicios de empleo. “Muchos casos los detectan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, el convenio con los registros de la propiedad no ha hecho avanzar mucho”, afirma. Indica que la mayoría de las actas de infracción se levanta en el campo, aunque lo justifica con claridad: “Es normal porque constituye el primer sector de la provincia”. Algunas son por carecer de contrato, aunque también hay a personas que trabajan en su finca, pero sin registrar una actividad como empleo autónomo.