La Inspección autoriza los quads seguros e irá a la 'caza' del parado
Enrique Alonso /Jaén
Los quads estarán en los tajos aceituneros, pero no todos. La Inspección de Trabajo seguirá la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sancionará a los propietarios de los vehículos que no se consideren seguros o, lo que es lo mismo, los que ofrecen más riesgo de accidente para los jornaleros.
Enrique Alonso /JaénLos quads estarán en los tajos aceituneros, pero no todos. La Inspección de Trabajo seguirá la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sancionará a los propietarios de los vehículos que no se consideren seguros o, lo que es lo mismo, los que ofrecen más riesgo de accidente para los jornaleros.
El subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, se reunió, ayer, con los representantes de las organizaciones agrarias. La cita la pidieron los propios representantes de los agricultores ante el aluvión de consultas que habían recibido de sus asociados, sobre todo, respecto al uso de los “quads”. Después del encuentro, todos dijeron que la reunión había sido fructífera y que estaban solucionadas las dudas.
Fernando Calahorro dijo: “Le hemos dicho que la norma es la misma que funciona desde hace diez años. No hay cambios”. Sin embargo, a los jiennenses no le surgen las dudas ahora de forma espontánea y como si fueran un capricho del destino. El problema radica en que, en esta campaña, hay mucha maquinaria que no existía hace una década, sobre todo, “quads”, que se han generalizado como una máquina muy eficaz, sobre todo, para tirar de los fardos. A la pregunta de si se pueden utilizar, el subdelegado del Gobierno, que es el que explicó los criterios de la Inspección, dijo que sí, pero no todos.
Cuando se le preguntó: “¿Cuáles?”, indicó: “Los que están permitidos”. Y para desvelar el misterio, en su comparecencia pública, se cuestionó con un ejemplo: “¿Un “quads” que salga de un concesionario hoy se puede usar?”. La contestación fue, otra vez: “Depende” —de si están adaptados o no—. En definitiva, el embrollo de los “quads” tiene una solución mucho más sencilla, que, luego, gracias a las intervenciones de los representantes de las organizaciones agrarias, se explicó. Los agricultores que tienen empleados cuentan con empresas de prevención de riesgos. Lo mejor es que les lleven el vehículo y lo examine. Sus técnicos le dirán si están permitidos o necesitan algún tipo de modificación. No hay duda de que este vehículo tiene sus particularidades, ya que Tráfico lo reconoce como un automóvil agrario —en la matrícula y en los seguros—, pero la Inspección dice que algunos no valen para trabajar en el campo. Una sanción por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales entraña multas que van desde los 300 a los 600.000 euros. Están en función de la gravedad.
Los parados. La Inspección reitera que no puede haber ningún desempleado en una explotación laboral si cobra prestación. Da igual de quien sea. “Tienen que suprimir el subsidio uno, dos, tres días o los que les hagan falta y, después, reanudarlo”, dijo Fernando Calahorro. Asimismo, reconoció que en las reuniones de coordinación siempre se analizan las “circunstancias especiales” de cada campaña y que, en esta, lo normal es que existan desempleados que hayan tenido la tentación de trabajar y, a la vez, cobrar la prestación.
CC OO denunció, el pasado martes, que había una enorme bolsa de fraude en la campaña y pidió medidas para erradicarla. El sindicato cogió los datos oficiales, que el propio subdelegado ofreció. Tomó los 7 millones de jornales que estima el aforo, los dividió por la mitad —que es la estimación que dio Fernando Calahorro— de trabajo que se hacía dentro de la familia y sin remunerar. Le dio un resultado de 3,5 millones de jornales que se pagarán. Luego, Comisiones Obreras puso encima de la mesa los 1.601.000 jornales declarados a la Seguridad Social y dijo que había 1.800.000 en la economía sumergida o, lo que es lo mismo, se pagaban y no se declaraban. Cuando se le preguntó a Fernando Calahorro que cómo lo va a atajar aseguró que no existe tanto fraude. Al replicarle que el cálculo se basaban en sus propios datos, aclaró que esos no eran. “Los míos son más rigurosos”, sentenció. De ahí que CC OO, tal vez, ya ni sepa sumar y restar, al menos, cuando habla de fraude y exige medidas para erradicarlo.
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