La Audiencia archiva la causa penal de Fedeoliva

El caso Fedeoliva estalló hace más de un lustro, cuando esta cooperativa de segundo grado con más de 7.000 socios se quedó sin actividad, asfixiada por el agujero económico millonario detectado en sus cuentas. Se desplomó el gigante que había impulsado uno de los mayores intentos por vender a gran escala aceite de oliva en el mercado exterior.
Desde el principio, se buscaron culpables de la quiebra. La Justicia puso en su punto de mira al expresidente, Manuel Villar; al exresponsable de la exportadora Expafe, Pedro Lanagrán; y al exvicepresidente, Santiago Abril. Fueron imputados por delitos de apropiación indebida de fondos, estafa y de carácter societario.
El procedimiento judicial avanzó a paso de tortuga, debido sobre todo a la extraordinaria complejidad del caso. Han declarado ante los dos jueces que han dirigido la instrucción más de cincuenta personas, entre testigos y peritos. En mayo, el magistrado Fernando Moral tomaba la decisión de archivar la causa contra los tres imputados: “De la investigación se debe concluir que no hay indicio alguno de la supuesta comisión de un delito contra el patrimonio sea de la clase que sea”, decía el juez en su resolución.
Cuatro cooperativas, perjudicadas por la quiebra de Fedeoliva, recurrieron ese auto de archivo ante la Audiencia Provincial. En la práctica, pedían que la Justicia siguiera adelante con el procedimiento penal contra Manuel Villar y Pedro Lanagrán. Es decir, que se decretara la apertura de juicio oral contra ellos y ambos se sentaran en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Segunda han desestimado sus peticiones y han decretado el carpetazo final de la causa. La Justicia no aprecia delito en la gestión de Fedeoliva: “No resulta acreditado que los imputados, dentro del organigrama de la empresa, se apropiaran de cantidad alguna, ni que realizaran actos de administración con ánimo de lucro propio o en perjuicio de la entidad o de los demás socios”, dice, de forma literal, el auto de la Audiencia, que ayer mismo fue notificado a las partes.
¿Qué han analizado los magistrados para llegar a esta conclusión? Una “amplísima” documentación, en la que se incluye el informe, encargado a la firma Ernst&Young por los dirigentes que sustituyeron a Manuel Villar y Pedro Lanagrán en sus cargos. En él se aseguraba que se habían falseado las cuentas de Expafe y que en esa entidad no existía control alguno de los fondos. Los magistrados insisten en que ese informe “es parcial, ya que fue encargado al efecto por los denunciantes”: “Recoge imputaciones genéricas sin sustento probatorio alguno”, agrega la resolución para justificar la decisión de archivar el caso.
La Audiencia añade que del análisis de los miles de folios que componen la causa “solo se desprende una inadecuada o desafortunada gestión empresarial que, sin duda, no tiene cabida en el ámbito del derecho penal”. Es decir, no hay delito.
Esa gestión ya tuvo su “castigo” por la vía civil. En septiembre de 2007, el Juzgado de lo Mercantil inhabilitó para administrar los bienes ajenos a nueve antiguos rectores de Fedeoliva por su responsabilidad en la quiebra de la empresa por un periodo global de 47 años. Entre ellos, estaban Manuel Villar y Pedro Lanagrán, inhabilitados durante quince años cada uno.
José Luis Marín Hortelano, abogado defensor del ex presidente de Expace, aplaude la decisión de la Audiencia Provincial: “La Justicia nos ha dado la razón después de tanto tiempo. Siempre dijimos que nadie se había llevado el dinero. El tiempo pone a cada uno en su sitio. La pena es que estas personas han sufrido muchísimo”, concluye.