Investigan al dueño de un locutorio por vender tarjetas

Hasta el año pasado, los teléfonos móviles, activados con tarjetas prepago, eran una herramienta fundamental para delincuentes y terroristas. De hecho, fueron utilizados en los atentados del 11 de marzo en Madrid para activar las bombas. La opacidad de estas líneas dificultaba la labor de los investigadores a la hora detectar de delitos. Por ello, el Ministerio de Interior aprobó una ley, que entró en vigor en noviembre de 2009, por la que cada nueva tarjeta debe tener el nombre y apellidos de su propietario, es decir, que debe estar identificada con DNI o pasaporte. Sin embargo, existe un mercado negro de estas “prepago piratas”, tarjetas que se pueden adquirir sin aportar ningún dato personal ni documento alguno.
La Guardia Civil investiga si un locutorio de la capital, regentado por un ciudadano de origen pakistaní, ha realizado este tipo de operaciones fraudulentas. Presuntamente, el propietario del establecimiento habría comprado unos 400 dispositivos que habría registrado a su nombre. Hasta ahí, todo es legal. El problema, según confirman fuentes judiciales cercanas al caso, es la distribución. Al parecer, habría vendido las tarjetas prepago a terceras personas sin que los compradores se identificaran debidamente, con el riesgo que esas operaciones entrañan. De hecho, esos terminales pueden acabar en manos de terroristas, bandas organizadas o delincuentes, con lo que se incumple una de las principales finalidades de la Ley 25/2007. “Es un problema de seguridad muy grave”, aseguran las fuentes consultadas.
Hasta ahora, ha trascendido que la Guardia Civil ha tomado declaración al dueño del locutorio, con el objetivo de que explique cómo ha comercializado esas tarjetas. Le han exigido documentación sobre la contabilidad de su negocio y sobre la adquisición de una partida concreta de tarjetas prepago. De momento, no hay detenidos ni imputados, según confirman las fuentes consultadas. La Comandancia de la Benemérita guarda un mutismo absoluto sobre el caso. Fuentes oficiales del Instituto Armado sólo confirman que hay una investigación abierta al respecto y que esperan concluirla “lo más pronto posible”. Es la primera vez que en la provincia de Jaén se detecta un caso similar.