'Hombres de negro' fiscalizarán las ayudas a las concesionarias

Ha visto cómo, después de aprobar un plan de pago a proveedores con el que la Administración local se ha sacudido una deuda de más de 200 millones de euros, empresas, como Imesapi, dejaron repentina y sorpresivamente de pagar a sus trabajadores. Y, con un Ayuntamiento en la “ruina” y su tesorería en la “UVI”, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, quiere definitivamente ponerle coto a esta tendencia. “Es hora de rendir cuentas”, sentenció. A partir del 1 de enero de 2013, las empresas que están ligadas al Ayuntamiento por concesiones administrativas            —como Autobuses Castillo o las futuras adjudicatarias de los servicios de limpieza urbana y mantenimiento del alumbrado público— deberán someter sus cuentas al control de los interventores. Funcionarios públicos de carrera “revestidos de potestad administrativa” que fiscalizarán sus ingresos y gastos con el objetivo de que los ciudadanos conozcan “a dónde va hasta el último céntimo de euro” de recursos públicos que reciben de la Administración local.     
“Entre 1 y 1,1 millones de euros recibe Castillo al año del Ayuntamiento y quiero saber realmente a qué se utiliza”, espetó Fernández de Moya. Lo hizo apenas dos horas después de la reunión que mantuvo con los trabajadores para comunicarles que se está negociando una ampliación de crédito con una entidad bancaria y que, de aprobar esta la operación, Autobuses Castillo recibirá 450.0000 euros para afrontar “sin problemas” el pago de nóminas hasta final de año.

Nuria López Priego /Jaén
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