El juez no ve indicio de delito en Fedeoliva y archiva la acción penal

El juez no ve indicio de delito en las decisiones adoptadas por los responsables de la cooperativa de segundo grado Fedeoliva. Del mismo modo, considera que no queda establecido que se falsificaran documentos ni cuentas, por lo que ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las acciones penales. Estas se dirigían contra Manuel Villar, ex presidente de Fedeoliva; Pedro Lanagrán, ex responsable de Expafe —firma que comercializaba el aceite fuera de España—, y Santiago Abril, ex vicepresidente de la cooperativa.
El auto dictado por el juez establece que, según lo contemplado, “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa”, y que, una vez estudiadas  todas las pruebas, “se debe concluir que de las mismas no resulta indicio alguno de la presunta comisión de un delito contra el patrimonio sea de la clase que sea”.

Para el magistrado hay otros apartados de la denuncia de los olivareros afectados por la quiebra de Fedeoliva que tampoco quedan acreditados como es que “falsearan las cuentas anuales u otros documentos” o que, “prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas, impusieran acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma”. El juez considera en su pronunciamiento que,  del estudio minucioso de los archivos “lo que se ha podido poner de manifiesto, en su caso, es la existencia de lo que se podría denominar una poco acertada gestión empresarial”.

Con el sobreseimiento de esta causa se cierra la vía penal. Ahora los cooperativistas tienen, como único camino, el recurso ante la Audiencia Provincial. Con respecto al procedimiento civil, este se saldó en 2007 cuando el juez condenó a nueve directivos por influir en la quiebra de la sociedad. En su pronunciamiento estableció que Fedeoliva se arruinó debido a su mala gestión y les impuso penas de entre dos y quince años de inhabilitación para administrar los bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier individuo.
Desde septiembre de 2007, los administradores judiciales venden los bienes que tenía la sociedad. La joya de la corona era la envasadora de Guarromán, que salió a subasta en febrero de 2008, junto a dos pisos y un local comercial. Un año después, en 2009, la Junta se adjudicó la planta guarromanense. A pesar de todo ello, la venta del patrimonio no ha conseguido cubrir la deuda que dejó este macroproyecto de comercialización de aceite de oliva con marca jiennense dentro y fuera de España, que se estima en más de 42 millones de euros. Irene Bueno /Jaén