El juez condena a Campanario y a su madre pero no irán a la cárcel

Al tratarse de una pena inferior a los dos años, María José Campanario y su madre evitan entrar, de esta manera, en prisión. El fiscal había pedido para ellas dos años y nueve meses. No obstante, su abogado, Francisco Baena, anunció la intención de recurrir la sentencia, ya que todo aquello que no sea “un pronunciamiento absolutorio” no estaba previsto por él ni por sus clientes, que se consideran “inocentes de todo”.
Aun así, señaló que lo primero que va a hacer “por elemental respeto al tribunal” es estudiar detenidamente la sentencia, reiterando que la recurrirá “al apartarse de esa propuesta absolutoria que hemos mantenido desde el primer día”, ya que la resolución no es firme.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó asimismo a nueve años y medio de prisión a Francisco Casto, el inspector médico encausado en el juicio de la Operación Karlos, y a cuatro años de cárcel a Carlos Carretero, al que se considera cerebro de la trama.
Según la sentencia, Carretero es cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa, Casto, de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de actividades prohibidas a funcionario público en concurso con un delito de estafa, así como de otro delito de cohecho.
De los 25 acusados en el marco de esta operación, quince llegaron a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal, entre ellos Carretero y su pareja, Elisa Calvente, así como José Luis López el Turronero. La Audiencia ha condenado a 18 de los acusados a penas que van desde los dos meses y 20 días de prisión a los nueve años y medio. Ocho acusados han sido absueltos.
El juicio de la Operación Karlos —por una supuesta trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales— comenzó el 11 de abril y surgió a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero en una investigación por otra causa, la Operación Halcón.
Este hecho motivó que las defensas reclamaran la nulidad del proceso y el sobreseimiento de la causa, aunque el juez, Manuel Grosso, dio por buenas las escuchas y la investigación.
La Audiencia considera probado que Carretero ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita, mediante la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social para personas a las que previamente captaba y a las que pedía a cambio determinadas cantidades de dinero. Para ello se puso de acuerdo con Casto, inspector médico de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Junta, adscrito a la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
Carretero se encargaba de contactar con personas, que en numerosos casos no reunían los requisitos legalmente exigidos, a los que proponía la obtención segura de una pensión a cambio del pago de grandes sumas de dinero por gestionar la tramitación de los expedientes.
En ellos Casto emitía informes en los que, “falseando la situación real de los interesados con exageración de sus diagnósticos o basándose en informes médicos que sabía falsos por haber instado su confección a terceros acusados que los emitían sin exploración alguna, consignaba un estado de salud con padecimientos que conllevaban la propuesta de reconocimiento de algún tipo de incapacidad laboral”. Casto y Carretero lo hicieron al menos en 16 ocasiones, la primera de ellas en 2003 en beneficio de Carretero, que había sido jefe de la Policía Local de Ubrique. Se concertó con Casto para obtener un grado de incapacidad y una pensión superior a la que le correspondía.