El exdirector general de Trabajo declara por el caso ERE

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de  que los agentes de la UCO han citado a declarar como imputado este  miércoles a Juan Márquez en el cuartel de Eritaña de la capital  hispalense, aunque por el momento no ha trascendido si la  comparecencia tendrá lugar por la mañana o por la tarde. Hay que  recordar que en esta causa están imputados tanto Márquez como  Guerrero, ya en prisión, y el actual director general de Trabajo,  Daniel Alberto Rivera. 
En el auto donde la magistrada Mercedes Alaya imputaba a Rivera y  a Márquez, argumentaba que, dentro de la investigación en torno a la  empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos  relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009  y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de  1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la  empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la  Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la  ayuda'". 
Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que  los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron  deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a  Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan  dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe  siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe  solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima  que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera". 
Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su  labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no  constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24  trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni  tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto  Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma  arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos  verbales" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio  Rivas. 
Así, precisa que Guerrero "mostró su disconformidad para la  suscripción de una póliza para 24 extrabajadores" de la empresa,  mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones "por  las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la  póliza de prejubilación", tras lo que dice que hay que tener en  cuenta que, según el administrador de la empresa, "el despido de sus  trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una  condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas  necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las  instalaciones" a Villanueva del Río y Minas (Sevilla). 
"PAGOS CRUZADOS"
Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a  la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero  "ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución  alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes  sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos  cruzados", de forma que ambos, "abusando del ejercicio de sus  funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de  fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que  injustamente se habría beneficiado" Río Grande. 
Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general  siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo  entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, cuando le sustituyó  Daniel Alberto Rivera, por autorizar la inclusión en el ERE de  Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón,  "ninguno de los cuales trabajó para la empresa". Más información, mañana, en la edición impresa