El caso 'Gürtel' está a un paso del Supremo

Los indicios de la implicación en la supuesta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa de Bárcenas, que además de senador por Cantabria ocupa el cargo de tesorero nacional del PP, le habían parecido hasta ahora insuficientes a Anticorrupción para solicitar que la causa se remitiera al Supremo, pero la situación ha cambiado tras recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria. Hacienda, según informó ayer un diario nacional, considera acreditado que tanto Bárcenas como Merino cobraron importantes cantidades de dinero de la organización de Correa que no declararon al fisco.
En un auto notificado el pasado 31 de marzo, antes de inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Madrid y de Valencia, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón señaló que Bárcenas había recibido un total de 1,3 millones de euros de la trama a cambio de mediar en la adjudicación de obras y de dar a las empresas de Correa contratos para la organización de actos del Partido Popular. El juez explicaba que aunque las referencias a Bárcenas que figuraban en la denuncia que dio origen a la investigación no eran suficientes para relacionarle con los hechos, el análisis de la documentación intervenida en poder del contable de la organización criminal investigada y los informes en poder de la Policía permiten “sostener la afirmación de su inclusión en la organización referida”.
De hecho, el magistrado aseguraba que Bárcenas disponía de un “archivo personal” en la contabilidad B que llevaba la trama dirigida por Correa, en la que se le identifica como L., L. B. o, en ocasiones, “el cabrón”. “La expresión “el cabrón” aplicada por los imputados a Bárcenas estaría acreditada por la declaración judicial de uno de ellos en la investigación”, decía Garzón, que añadía que esta persona justificó el apelativo “porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían”.
Las primeras entregas de dinero se remontan a finales de los años noventa y, según el juez, son operaciones que “se refieren a la campaña electoral gallega de 1998”. Por su parte, Merino —diputado del PP por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León— habría recibido pagos por valor de más de 200.000 euros, según la contabilidad B de la trama dirigida por Francisco Correa.

60 imputados. Esta operación policial ha costado ya el puesto a tres alcaldes, un concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de ayuntamiento y dos cargos de confianza, todos ellos pertenecientes al Partido Popular.
De los cerca de 60 imputados que hay, hay únicamente tres personas en prisión y varias en libertad bajo fianza. Una de estas es el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo Gómez Panero, al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso el pasado martes una fianza de 1,8 millones de euros —la más alta de la trama “Gürtel”—. Al ex regidor, el juez instructor de la trama de corrupción le imputa los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.
Por último, el responsable de Justicia de PP, Federico Trillo, anunció ayer que el partido denunciará ante la Fiscalía General del Estado las “nuevas y graves” filtraciones de cuestiones contempladas en el sumario del caso “Gürtel” y que, según denunció, provocan la “indefensión” de los populares. Así, explicó que  se dirigirá al fiscal  general del Estado, Cándido Conde Pumpido, “denunciado las nuevas y  graves filtraciones de los sumarios siempre al mismo grupo mediático”.