El caso de los “raros avvocati” llega a la Audiencia Nacional
El caso de los “raros avvocati” —raros abogados— llega a la Audiencia Nacional. El letrado jiennense Andrés Miguel Oliván Lindo exige que se investigue “a fondo” al Colegio de Abogados de Jaén porque está convencido de que ha sido un auténtico “coladero” de licenciados en Derecho en Italia que acudían para conseguir una homologación profesional y convertirse en abogados —distingue bien entre un licenciado y un letrado en el razonamiento— y así “puentear” o “saltarse” un examen que exige el Gobierno de su país.
Asimismo, Andrés Miguel Oliván Lindo deja claro que no se hace por desconocimiento, sino que existe un marcado carácter lucrativo por parte del Colegio de Abogados de Jaén. En el planteamiento del escrito que ha presentado ante la Audiencia Nacional, indica que se admiten a los licenciados —que quieren convertirse en abogados— porque así abonan las cuotas, que entran en las arcas de la institución colegial.
El letrado Andrés Miguel Oliván Lindo ya presentó la documentación ante la Fiscalía de Jaén, que no la admitió a trámite y acabó archivándola. Precisamente, en el documento que ha vuelto a remitir al fiscal jefe, Carlos Rueda, afirma: “Las certificaciones que emite el Colegio de Abogados de Jaén evitaban que se examinaran unos señores de nacionalidad italiana a cambio de un precio de 2.400 euros. Entre los 100 italianos suma unos 240.000 euros. Es ‘pecatta minutta’ dentro de la operación”, asegura en el escrito.
Suplantar al estado. El letrado jiennense también afirma en su escrito: “El Colegio de Abogados de Jaén solo puede colegiar a avvocatos y no a licenciados en Derecho. Si lo hace, suplanta al Estado”. Con esto, Andrés Miguel Oliván Lindo quiere dejar muy claro que no es lo mismo una persona que obtiene una cualificación al terminar una carrera, que un profesional de la abogacía. Sin embargo, ante la Audiencia Nacional, indica que el Colegio de Abogados de Jaén, al igual que el de Lucena —al que también señala en su escrito— los trataban como si fueran lo mismo, lo que suponía un lucro para las instituciones colegiales y un beneficio para los licenciados en Derecho de Italia, que se convertían en letrados sin realizar un examen. Precisamente, esto es algo que, a su juicio, solo puede realizar el Estado. De ahí que espera que la Audiencia Nacional tome “cartas en el asunto”, ya que considera que se trata de una clara “injusticia” frente a las personas que siguen el procedimiento ordinario y no buscan “falsear experiencias profesionales en España”.