El casco antiguo insiste, otra vez, en la necesidad de aparcamiento

En los barrios del sur de la capital, hallar una plaza de aparcamiento es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar.

07 jul 2015 / 10:18 H.

Sin cochera, el minutero del reloj vuela, quemando la paciencia del conductor en busca de un lugar en el que dejar el automóvil; disponer de una es un desembolso que no está al alcance de todos los bolsillos. Sin hablar de su adquisición, en la franja entre Millán de Priego y los barrios que lindan con la Carretera de Circunvalación, el arrendamiento de una plaza de garaje no baja de los 65 euros y en barrios, como San Juan, puede alcanzar fácilmente los 80.

La consecuencia de vivir en el que, hasta 2010, era el cuarto país del mundo desarrollado con más coches por cada mil habitantes —con 480 vehículos— es que la demanda supera en exceso la oferta existente. En El Almendral, sus vecinos conocen bien las dificultades de la falta de aparcamiento. Según el presidente de la asociación “El Olmo”, Pedro Cárdenas, esta es la “necesidad más perentoria” que tiene el barrio hoy por hoy.

“Tenemos que ocupar las aceras para poder aparcar y nos exponemos a que la Policía Local nos sancione”, señala el dirigente vecinal, que lamenta que los residentes en la zona se encuentren en “estado de terror” por las posibles multas que pueden aplicarles, cuando apunta: “Estamos dispuestos a pagar un parquin”. En el mandato 2007-2011, habilitar uno en la zona fue una de las promesas del gobierno de coalición entre el PSOE e IU. “Hicieron un proyecto con 140 plazas en la calle Almendros, en el corazón mismo del barrio”, recuerda Cárdenas. Sin embargo, lejos de ejecutarlo, la lectura que el PP hizo de esa idea en la pasada legislatura fue adecuar ese terreno como “aparcamiento” en superficie para “una veintena” de vehículos, así que —apostilla el presidente de “El Olmo”—: “Seguimos con el mismo problema”.

La necesidad generalizada de plazas de aparcamiento en el casco antiguo no es desconocida para el equipo de Gobierno local. Una prueba de ello es la polémica ampliación del aparcamiento de La Merced. El último proyecto de Epassa —ya en proceso de liquidación— representa una inversión de 1,4 millones de euros. Supondrá la creación de 189 plazas nuevas en la zona, pero ni los vecinos de El Almendral, ni los de barrios relativamente cercanos, como San Juan o La Magdalena, ven en él la solución a su problema. Cansados de repetir la misma canción a los diferentes equipos de Gobierno de la ciudad y de no encontrar una respuesta a sus peticiones, a mediados del anterior mandato, la nueva junta directiva de la Federación de Vecinos Objetivos Comunes (OCO), encabezada por María Cantos, intentó tomar la iniciativa.

Proyecto para la construcción de un aparcamiento

Asesorados por arquitectos, los miembros del colectivo vecinal diseñaron un proyecto básico para la construcción de un aparcamiento —con locales comerciales incluidos— en el lugar que siempre han considerado idóneo para atender esta necesidad: el solar abandonado que sirve de pasto a las alimañas en la Plaza de Santiago. Pero, al igual que, años antes, le había ocurrido al Ayuntamiento, también ellos toparon con la banca todopoderosa. Después del embargo del terreno, este cayó en manos de la Sareb —o banco malo— y, en la valoración del suelo, la dirección de “OCO” se dio cuenta de que no podía hacer nada. “Trajimos tasadores independientes y nos lo valoraron en 500.000 euros”, evoca Cantos. La idea de la federación era constituir una cooperativa y —según la presidenta de este colectivo—: “Podíamos sacar adelante el proyecto y cubrir la demanda de aparcamiento de toda la zona”. Pero —apunta—: “El banco malo nos pide 4 millones de euros”. Una cantidad que, a todas luces, está a años luz de lo que podrían pagar los vecinos.

Sin embargo, “OCO” no desiste de este proyecto. Tras cuatro años de frías relaciones —por no decir inexistentes— con el edil de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, en su primera visita a la sede de la federación, la directiva pidió a los nuevos concejales de esta área y de Participación Ciudadana, Juan José Jódar y Manuel Heras, respectivamente, que hagan todo lo posible por que el Ayuntamiento “intermedie e intente negociar con el banco malo”. Es un proyecto privado, reconoce Cantos, pero aclara: “Hay una normativa que afecta a los solares que dice que, en un año, tienen que estar vallados y construidos, así que les pedimos que presionen por ahí”.