Discoteca cerrada, 80.000 euros perdidos
La discoteca “Golden West” lleva cerrada desde el 11 de abril. Urbanismo la precintó el Viernes de Dolores, en los días previos a la Semana Santa y, por lo tanto, los de más recaudación. “Desde entonces, calculamos que hemos perdido más de 80.000 euros de caja. Y cada día que pasa el agujero se hace más grande”, se lamenta David Martínez, uno de los tres socios de la empresa Radairo, que gestiona el negocio desde octubre de 2012.
El local fue clausurado por el Ayuntamiento en virtud de un expediente sancionador incoado por falta de licencia: “Nosotros tenemos todos los papeles en regla”, sostiene el empresario, quien sospecha de la existencia de “una mano negra”. “Está claro que hay alguien que no quiere que tengamos abierto”, explica Martínez. Al respecto, recuerda negocios de ocio nocturno que, en los últimos años, sufrieron todo tipo de “zancadillas”: “Oliva.va, el Hípico, la antigua Heaven o el intento de la gente de Mae West de reabrir la San Carlos”, enumera.
El precinto municipal ha dejado en la calle a 33 trabajadores entre camareros, personal de seguridad, relaciones públicas y empleados de mantenimiento. “No nos ha quedado más remedio que decirles que no vengan, porque no tenemos actividad y no podemos mantenerlos hasta que volvamos a abrir”, explica. La empresa sí está pagando el alquiler del inmueble y otros gastos como la luz o el agua: “Ni tan siquiera hemos podido entrar a la discoteca para cortar los suministros o para coger nuestras cosas”, aclara David Martínez.
Y es que desde que una patrulla de la Policía Local se personó en el establecimiento, el 11 de abril, el local ha permanecido clausurado a cal y canto. Los agentes llevaban una orden de cierre salida de los despachos de Urbanismo. El Ayuntamiento alega que la discoteca carece de licencia municipal. Es el mismo motivo por el que el establecimiento ya fue clausurado el 7 de noviembre de 2012 —apenas una semana después de la tragedia del Madrid Arena—. Entonces, la empresa presentó un recurso contra esta decisión del Ayuntamiento y pidió a la Justicia poder reabrir mientras se discutía si había o no permiso. Tras diecinueve días, el magistrado del Contencioso número 3, José María Cañada Clé, permitió reanudar la actividad de forma cautelar. Desde entonces, ha funcionado sin problemas.
No obstante, el pasado mes de julio el juez decidió sobre el fondo de la cuestión. En su sentencia dio vía libre al Ayuntamiento para continuar con el expediente sancionador que derivó en el cierre de la discoteca. El argumento que esgrime Urbanismo es que se realizó una obra en el interior del edificio cuando abrió con la actual denominación —en octubre de 2012— y que, por ese motivo, era necesario pedir una licencia nueva.
Los empresarios tienen su última esperanza depositada en el TSJA al que han pedido que declare caducado el expediente municipal. Si no hay una resolución favorable, se plantean el cierre definitivo.