Denuncia por un supuesto sabotaje en el pozo La Cruz
El conflicto por la gestión y el uso del agua en la zona residencial de La Cruz sigue vivo a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que desestima la demanda planteada por el Promotor Inmobiliario Layro S. A. contra la Agencia Andaluza del Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y usuarios preexistentes del pozo minero en lo referente a esta larga problemática.
Un propietario de una pequeña finca agrícola preexistente y colindante con el nuevo residencial de La Cruz manifestó a este periódico su decisión de interponer una denuncia ante la Guardia Civil por un “supuesto sabotaje” en la instalación de agua de su finca. Según las declaraciones del vecino afectado, dicha acción pretende ser una “represalia” por la sentencia del TSJA. Asimismo, el usuario consultado indicó que “la denuncia se produce tras sufrir amenazas en tono prepotente y chulesco, dos días antes de cometerse, por parte del actual presidente del nuevo residencial La Cruz”.
Precisamente, según recordó la fuente consultada, “este individuo ya fue condenado, hace unos años, por el Juzgado número 2 de Linares por agredir a un propietario jubilado de una de las fincas preexistentes, cuando se encontraba manifestándose pacíficamente por sus derechos de uso del agua”. La versión facilitada por el usuario objeto del sabotaje indica que las amenazas se produjeron el pasado viernes y que ya el domingo “se encontró con que la tubería del agua ya estaba rota”. Una acción que se suma a “otros sabotajes y destrozos similares, así como robos de llaves de paso” efectuados durante los años del litigio.
El denunciante de los hechos aseguró que, además de haberse documentado con imágenes el suceso, también se adjuntará la factura de la reparación al expediente judicial una vez que comiencen los trámites pertinentes en el juzgado.
Asimismo, el usuario afectado mostró su malestar por una situación que se alarga en el tiempo y no parece tener solución.
Una vez conocida la sentencia del Tribunal de Superior de Justicia, las siguientes fases para alcanzar una resolución definitiva de este conflicto “enquistado” pasan por constituir una comunidad de usuarios de las aguas del pozo de La Unión, ubicado en la zona de La Cruz. Esta opción sería, de esta manera, la única figura democrática que contemple la vigente legislación del suministro de agua en esta área, con la que poder reacondicionar y reclamar las carencias de todas las infraestructuras ejecutadas por el Promotor Inmobiliario Layro.