Condena al Ayuntamiento por el caso "Bariloche" once años después

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar una sentencia en la que se condena al Ayuntamiento de Jaén a pagar 273.000 euros a Juan José Solar Galán, padre de la que fuera mano derecha de José Enrique Fernández de Moya. A esa cantidad hay que añadirle los intereses de demora acumulados durante más de una década y que, según los cálculos, ascenderían a 200.000 euros más.
Para entender este procedimiento, hay que retrotraerse al año 2001. Por aquel entonces, el PP disfrutaba de una holgada mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital, con Miguel Sánchez de Alcázar como alcalde y con Miguel Segovia como concejal de Urbanismo. En marzo, el PSOE desveló el bautizado como “caso Bariloche”. La Junta tenía que construir lo que hoy es el vial que nace de la rotonda de la discoteca y conduce hasta el barrio de Expansión Norte. Sin embargo, no podía hacerlo porque la Administración local no le había entregado los terrenos necesarios para ello. Una parte de los metros que había que expropiar para edificar el distribuidor estaban ocupados por la antigua discoteca Bariloche (de ahí el nombre del caso).
El PSOE, entonces en la oposición, llevó al pleno municipal la cuestión clave: ¿Por qué el Ayuntamiento tenía paralizada la expropiación de esos terrenos? Los socialistas sospechaban que había intereses de destacados dirigentes del equipo de Gobierno, en concreto de Miguel Segovia. Dijeron que el concejal mantenía una participación en una sociedad que gestionaba la discoteca. Si comenzaban las obras, ese establecimiento de ocio tendría que cerrar durante un tiempo con el consiguiente perjuicio económico. No obstante, Segovia echó balones fuera y culpó a la Junta de Andalucía de que el vial no se hubiera ejecutado en tiempo.
Días después, el PSOE siguió con la andanada y puso en el punto de mira a Inmaculada Solar. Y es que otra parte de los terrenos que debían expropiarse pertenecían a la familia de la edil, en concreto a su padre. El propietario no puso ningún obstáculo. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el justiprecio establecido para llevar a cabo la expropiación forzosa de los terrenos. Por ello, presentó un recurso administrativo. Esa fue la explicación que la propia Inmaculada Solar dio en una rueda de prensa celebrada el 23 de marzo de 2001. En esa comparecencia, la entonces secretaria general del PP se distanció de la argumentación que había ofrecido su compañero de Gobierno. Desmintió las palabras de Segovia y dijo que no había ningún impedimento legal para abrir el distribuidor.
El conflicto estaba servido. Lo que en principio parecía un simple intercambio de pareceres desencadenó, con el tiempo, una guerra sin cuartel entre Segovia y Solar. El campo de batalla fue el Ayuntamiento, pero también en los Juzgados. Hubo un cruce de querellas por injurias entre el entonces edil de Urbanismo y el portavoz del PSOE, Manuel López. En una de las declaraciones, el concejal popular aseguró que el vial no se hizo por los impedimentos impuestos por la familia Solar. Fue la gota que colmó el vaso. Lo que hasta entonces era un enfrentamiento soterrado, estalló con toda virulencia y puso al descubierto una gravísima crisis en el seno del PP. Los concejales fueron alineándose en función de su afinidad a uno u otro sector, mientras que el alcalde mostró de forma manifiesta el apoyo a Segovia.
Al margen de la cuestión política, el asunto que destapó todas estas heridas siguió su curso en los tribunales. El padre de Inmaculada Solar recurrió a la Justicia porque no estaba de acuerdo con el dinero que le habían entregado al expropiarle su parcela. En 2005, la Comisión Provincial de Valoraciones fijó la cuantía de la indemnización en 91.000 euros. El dueño de la parcela consideró que esa cantidad era insuficiente y que el Ayuntamiento no había tenido en cuenta en el proceso un terreno de 542 metros que era de su propiedad. La Administración local consideró que le pertenecía y no pagó ni un euro por ella.
Once años después de que se destapara el escándalo, la Justicia ha dado la razón a la familia Solar y condena al Ayuntamiento (curiosamente, gobernado otra vez por el PP) a pagar 273.000 euros más los intereses de demora. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Un triunfo en los tribunales que también supone una victoria moral de Inmaculada Solar en aquella vieja guerra política que mantuvo con Miguel Segovia, su íntimo enemigo. M. Rosa/R. Abolafia / Jaén