Chaves defiende que nunca tomó "decisiones ilegales"

"Durante tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los  19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca,  ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna  ilegalidad", ha defendido el expresidente en una breve comparecencia  ante los periodistas en la que no ha aceptado preguntas. "Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como  presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como  vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa  que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con  todos los trámites e informes necesarios", ha ahondado.
El actual diputado nacional ha comparecido durante dos horas y  media ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge  Barreiro en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados  nacionales, en relación con los "actos realizados en el desempeño de  sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y  ayudas económicas directas".
Chaves ha defendido que las ayudas estaban basadas en los acuerdos  de concertación firmados con los sindicatos y las organizaciones  empresariales y ha insistido en que "tuvieron efecto positivo en  lucha contra paro y desempleo". MATIZA A GRIÑÁN
En tercer lugar, al hilo de la existencia o no de un fraude en el  caso, ha señalado que si hubo alguna persona que "utilizó  fraudulentamente los fondos", serán los jueces, la Justicia la que  determine si "las actuaciones individuales de esas personas causaron  o provocaron fraude o no".
"Si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que  determinar los tribunales de Justicia", ha señalado Chaves toda vez  que su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio  Griñán, tras su declaración del pasado jueves mantuvo que "no hubo un  gran plan pero sí un gran fraude".
Cabe recordar que a Chaves se le citó en relación a actos  realizados como presidente de la Junta andaluza y previsiblemente ha  dado explicaciones sobre el contenido del informe de peritos de la  Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema  elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a  través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de  financiación".
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e  improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la  ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las  ayudas investigadas.
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de  Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a  los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de  caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en  el alto tribunal.