Casi 2.300 empleos peligran por un decreto

y secretarios locales del PSOE de municipios con proyectos de instalaciones cómo les afecta el decreto aprobado por el Ejecutivo.
Dos mil doscientos sesenta y cinco puestos de trabajo están en el aire, lo mismo que una inversión de 718 millones de euros destinada a 28 instalaciones de cogeneración de energía de fuentes renovables que están proyectadas en 18 municipios jiennenses —incluida la capital—. Estas son, en resumidas cuentas, las cifras más significativas de la decisión adoptada por el Gobierno central de suprimir las primas destinadas a las energías renovables. 
Ávila recordó que, en estos momentos, en Jaén se produce el 19% del volumen energético procedente de biomasa y que las veintitrés centrales hidráulicas instaladas en suelo jiennense  generan uno de cada tres megavatios procedentes de esta fuente en Andalucía. Entre los proyectos que, según el consejero, las empresas ahora tendrán que replantearse, se encuentran diez plantas de cogeneración de energía, siete de biogás, tres de biomasa y otras tantas eólicas, dos termosolares y una hidráulica.
Además, se refirió al momento en el que se encuentran estas iniciativas. “Desde la Junta de Andalucía, yo personalmente he pedido que las medidas recogidas en el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, el pasado día 28, no afecten a esos proyectos que se encuentran ya maduros. En muchos casos, los empresarios ya han adquirido terrenos o han realizado inversiones de diferente índole”, apostilló. El nuevo contexto que abre la orden aprobada por el Gobierno genera, entre otras cuestiones, “una inseguridad jurídica” para las firmas que trabajan en el sector de las energías renovables, remarcó Ávila. Del mismo modo, avanzó que el efecto “dominó” que puede tener la medida es muy peligroso, ya que en la provincia son numerosas las empresas que han nacido al amparo de las necesidades marcadas por las energías renovables. En este sentido, el secretario general del PSOE, Francisco Reyes, recordó que, el pasado mes de septiembre, el pleno de la Diputación Provincia aprobó, con los votos a favor del grupo socialista y del popular, una moción para solicitar al Gobierno central (entonces del PSOE) que reconociera la poda del olivar como cultivo energético. Igualmente, aseveró que, si no se realizan las obras para materializar los 28 proyectos de nuevas plantas, los ayuntamientos perderán 28 millones de euros solo en licencias de obra.