Andrés Bódalo asegura que no piensa renunciar a su acta de concejal
Andrés Bódalo, uno de los tres representantes que tendrá la agrupación de electores Jaén en Común en la futura Corporación Municipal, tenía ayer una cita con la Justicia. Otra más. “Siempre que he estado ante un tribunal ha sido por luchar en la defensa de los derechos de los trabajadores”, dijo para responder que no piensa renunciar a su acta de concejal: “No me lo planteo porque yo lo que quiero es trabajar por esta ciudad y por los vecinos que me han dado su apoyo. Todo mi conocimiento, mi esfuerzo y mi lucha estarán centrados en los barrios y en la gente que no puede llegar a fin de mes, que no tiene vivienda y que le cortan la luz. Seré la voz de todos ellos en el Ayuntamiento”, aseguró, a las puertas del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, ante casi unas cincuenta personas que acudieron para arroparlo, entre las que estaba Diego Cañamero y la parlamentaria andaluza María García.
Bódalo y otras tres personas más —todas miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)— tendrían que haberse sentado en el banquillo por una falta de lesiones. Todos están acusados de agredir a otro hombre, Andrés G. P., durante el altercado ocurrido el 23 de abril de 2014. Ese día, se encontraba en Jaén Sabino Cuadra, diputado de Amaiur en el Congreso, para presentar un libro. Su presencia derivó en un grave enfrentamiento entre los que defendían ese acto, como el propio Andrés Bódalo, y otros que querían impedir su celebración: “Este juicio responde a una maniobra de la ultraderecha de Jaén que, en su día, quiso agredirnos a nosotros —en referencia a los acusados— y al diputado Sabino Cuadra”, sostiene el concejal electo de Jaén en Común. Al respecto, Bódalo sostiene que fue “una provocación”: “Lo que hicimos fue repeler una agresión. Esa gente rompió el cordón de seguridad que había dispuesto la Policía y querían llegar hasta nosotros. Solo nos defendimos”, sostuvo, en las puertas del Juzgado. Una versión que, después, no pudo repetir ante su señoría, pues el juicio tuvo que ser suspendido. ¿Por qué? Por la incomparecencia del policía nacional que grabó el altercado e identificó a Bódalo junto a los otros tres acusados en esta causa.
El denunciante reclama para los procesados 200 euros de multa —el máximo que permite la Ley—, una indemnización de 713 euros por los días que estuvo incapacitado y 500 euros más por los daños morales ocasionados.