Procesados el BBVA y su expresidente por presuntos encargos ilegales a Villarejo
La Audiencia Nacional expone que no resulta creíble el desconocimiento alegado por la entidad bancaria
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de una serie de exdirectivos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2016.
A lo largo de una serie de autos, la Sección Tercera rechaza los 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto por el cual el instructor puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, dicen que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por el propio BBVA.
De esta forma, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, del que fuera consejero delegado de BBVA Ángel Cano, del ex jefe de Control Interno Eduardo Arbizu y del exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
La Sala de lo Penal se refiere precisamente al sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos. Los magistrados consideran que el mismo no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección que, indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA.
En relación con Francisco González, la Sala, en línea con el instructor, señala que alguno de los contratos con CENYT —el grupo empresarial de Villarejo— fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores. En definitiva, concluyen los jueces, no es irrazonable la interpretación de indicios que hacen el auto recurrido y las acusaciones para llegar a la conclusión de la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos provisoriamente imputados y, en definitiva, de que sabía que la información que CENYT había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos “fuera sin respetar la legalidad”.