Llamados tres empresarios por ocultar un chalet de Granados

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, cita hoy a declarar como investigados a tres empresarios que presuntamente sucedieron de forma “ficticia” al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en la propiedad de su chalet en Valdemoro para ocultar su verdadera titularidad. El juez aceptó la petición que hizo la Fiscalía el pasado mes de noviembre de tomar declaración a Consuelo Astasio López, Rafael Navarro Conde y Millán Jesús Pradana Cuellar, a tenor de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la causa en enero de 2016, en relación a la vivienda en Valdemoro de Granados. El magistrado expone que Granados se aprovechó de su condición de alcalde del municipio madrileño entre los años 2000 y 2003 e hizo un uso desviado de fondos para su “lucro personal”. A través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro benefició con “diferentes clasificaciones y reclasificaciones de terrenos y de las enajenaciones” a los empresarios del suelo municipal público, a cambio de “ingentes ganancias ilícitas”, apostilla. De acuerdo con el auto, el sector “El Caracol” de Valdemoro, donde se encuentra la vivienda en cuestión, es el terreno que está participado por las sociedades del constructor Ramiro Cid y que “principalmente” sufrióo dichas alteraciones urbanísticas. Afirma que en contraprestación de estas operaciones, el empresario y presunto testaferro de Granados le entregó las parcelas donde se construyó el chalét.

El auto detalla que, aunque la inscripción registral de esta vivienda se mantuvo a favor de una de

la sociedad de Cid de la documentación incautada y de las declaraciones de testigos, se desprende “la existencia de sucesivas transmisiones de las parcelas” desde el año 2008, “con el objetivo de desvincularlas” del constructor. Unas operaciones de compraventa que, según el juez, son “ficticias” y van dirigidas a “velar a su verdadero propietario, Francisco Granados, y a su testaferro”. Estas concesiones se hicieron a favor de las empresas de Consuelo Astasio López, Rafael Navarro Conde y Millán Jesús Pradana Cuéllar. El juez considera que hay suficientes indicios de su participación en un delito de blanqueo de capitales, al encubrir el patrimonio ilícito del exdirigente “popular” “a través de artificiosas compraventas de las parcelas”.