LA INVESTIDURA | El PSOE registra la amnistía sin sus socios para “la normalización política, social e institucional en Cataluña”

HILO INFORMATIVO DE DÍAS DECISIVOS PARA LA LEGISLATURA

El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso lo que denomina “Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde l de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores iniciadas a raíz de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo. Pero la iniciativa la ha registrado el PSOE en solitario, sin la firma de Sumar ni de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu, ni de los nacionalistas del PNV y del BNG, que era lo que se pretendía. Obtener el visto bueno de todos estos grupos fue retrasando hasta última hora el registro del texto y finalmente el PSOE optó por ir en solitario. Finalmente, y según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en el índice de textos registrados este lunes por la tarde en el Congreso figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones. Algunos de los socios del PSOE han confirmado a Europa Press que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto, que no les llegó hasta el mediodía del lunes. Otros, como el PNV, aseguran que no suscribieron el texto porque “las partes negociadoras no lo han requerido”. Desde Sumar apuntan que el objetivo es que la firmaran todos los grupos y como finalmente no ha podido ser, ellos han preferido no firmar con el PSOE. Eso sí, subrayan que lo relevante no es quién firma el texto, sino su aprobación.

En rueda de prensa en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha declinado comentar los motivos por los que finalmente el PSOE ha presentado la iniciativa en solitario: “Respecto a las posiciones de otros grupos parlamentarios les corresponde a ellos responder los motivos por los cuales toman decisiones en un sentido o en otro”, se ha limitado a decir. En todo caso, ha remarcado que todo este proceso se ha hecho negociando con los socios de investidura y no tiene dudas de que finalmente la ley se aprobará en el Congreso con 178 votos, dos por encima de la mayoría absoluta; es decir, todos los socios de investidura salvo CC. “Esta ley se ha registrado después de haber trabajado con todos los grupos y estamos en disposición de decir que hemos conseguido una amplia mayoría parlamentaria --ha explicado--. La registra el PSOE pero tenemos un amplio consenso y va a contar con 178 votos, se lo digo con conocimiento de causa”. Al ser una proposición de ley de grupos parlamentarios, el texto registrado no lleva informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado que serían obligatorios para el Gobierno si se hubiera presentada como proyecto de ley del Ejecutivo.

Los principales beneficiados

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán beneficiaría a los dirigentes del ‘procés’, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el ‘procés’ en el otoño de 2019 o a los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017. La norma también abarcaría a Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller de Interior de la Generalitat catalana Miquel Buch. El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación. También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —condenados por desórdenes públicos tras la reforma--, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn —condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal—, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión. Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación. El texto a su vez tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia tras la reforma que derogó la sedición, y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia. La norma dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el ‘procés’ en 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana. La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando hayarecaído sentencia firme”. Cabe recordar que la causa de los CDR está pendiente de juicio y la relativa a Tsunami sigue en instrucción, por lo que no ha habido fallo en ninguno de los dos casos. La amnistía abarca “los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos” del independentismo o “a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos” amnistiados.

En el marco de la causa relativa a Tsunami, el juez ha imputado a Rovira, al exconsejero de ERC Xavier Vendrell y al propio Alay y ha dirigido sus pesquisas contra Puigdemont, al que ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente porque para imputarle debe recabar antes el permiso de la Eurocámara, de la que forma parte y por la que goza de inmunidad, y del Supremo, tribunal ante el que está aforado. Los propios Alay y Vendrell también se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por ‘Voloh’, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. De igual forma, la ley eximiría de responsabilidad a los 45 agentes de la Policía Nacional que fueron procesados el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en la ciudad. Asimismo, el texto alcanzaría a la condena de cuatro años y medio de cárcel que se impuso al exconseller de Interior Miquel Buch por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de la pena de prisión, también impactaría en la condena de 20 años de inhabilitación que se dictó sobre Buch por delitos de malversación y prevaricación. La norma no solo beneficiaría al exconseller, sino a su vez al mosso que hizo de escolta del expresidente y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por el delito de malversación.

La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’. La lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas. También recoge los nombres de exconsejeros condenados por el Supremo, como Romeva y Turull; exconsejeros huidos, como Comín y Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck.

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha tildado de “éxito” la “histórica” movilización celebrada este pasado domingo en Jaén –al igual que en el resto de capitales de España– contra la ley de amnistía, recalcando que “cerca de 15.000 personas, según nuestras estimaciones, abarrotaron la plaza de Santa María con una única voz para decir alto y claro que están en contra de la amnistía”. “Miles de jiennenses, por encima de ideologías y partidos, dieron un ejemplo de civismo y de comportamiento democrático, con una reacción firme y serena”, ha apostillado.

Domínguez ha detallado en un comunicado que en la concentración de Jaén “no ha habido “ni el más mínimo incidente de orden público”, subrayando que “la mayoría cívica no se rinde y no callará hasta poder pronunciarse en las urnas, porque se está haciendo lo contrario de lo que se ha votado”. “Por eso la convocatoria del PP fue un éxito, por la asistencia multitudinaria y porque se puso voz a millones de ciudadanos, a los que por encima de ideologías nos une la democracia y España”, ha valorado.

El presidente del PP jiennese ha aseverado que “muchos socialistas que votaron a Sánchez hoy se sienten traicionados y el PSOE de Jaén con Paco Reyes a la cabeza debería ser el primero en decir que en su nombre tampoco pues es su credibilidad, la de las personas que en nombre de Sánchez hicieron campaña por los pueblos de la provincia y que ahora tienen que defender algo que no venía en su programa electoral y que el propio Sánchez negó que haría, la que queda también en entredicho”. “Pero si al PSOE le prima el interés partidista, por desgracia España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios y pagada con los impuestos de todos los españoles, incluidos los jiennenses, que ayer dijeron alto y claro que no admiten que la Presidencia del Gobierno sea un cambalache”, ha remarcado, subrayando que “no nos vamos a rendir y los jiennenses pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a fallar a los ciudadanos”. Por último, Domínguez ha advertido que “no vamos a hacer lo que sí parece que está dispuesto a hacer el PSOE, que ha enterrado su tradición constitucionalista, tomando el relevo de Junts y ERC al frente del procés. “Las críticas por lo que está haciendo el PSOE llegan desde todas partes. Desde Europa, desde todas las asociaciones judiciales, fiscales, abogados, inspectores de trabajo, desde parte del propio PSOE y millones de españoles en las calles”, ha concluido.

La proposición de ley de amnistía dejaría finalmente fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts o PSOE, sí que podrían haber tener cabida como supuestos casos de ‘lawfare’. Así, la ley, que no recoge esa palabra en sus 23 páginas de redactado, no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol. La norma propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación, pero no contempla otros como el de blanqueo, organización criminal o asociación ilícita, el delito contra la Hacienda Pública y la falsedad documental. La ley plantea exonerar “los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos”. Y matiza que se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, “de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas (...) o hubieran recabado información a estos efectos”.

Cabe recordar que respecto a Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó en noviembre de 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como ‘Operación Mito’ en la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo -—Sito Miñanco’— y otras 47 personas. La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de ‘Sito Miñanco’ en el aeropuerto de Barajas. Fiscalía pide que sea condenado a 9 años de cárcel. En el caso de Borràs, la condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también podría quedar fuera de la amnistía a tenor del redactado de la misma. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó el pasado marzo a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. El propio TSJ, sin embargo, propuso un indulto parcial para Borrás que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Además, una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que defendía que no debía ser condenada a más de 21 meses de prisión. Borràs fue condenada por unos encargos relacionados con la página web de la ILC. Según la sentencia, fue ella quien hizo el encargo directa y personalmente incluso antes de que la junta de la ILC aprobara el proyecto, “a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo”.

En cuanto a la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos, está a la espera de juicio. Se les acusa de formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de “su posición privilegiada” en la vida política, social y económica catalana para acumular un “patrimonio desmedido”. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás. El primer instructor del caso, José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas “actividades corruptas” que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Pujol, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles “cantidades millonarias” que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

La ley recoge hasta 6 supuestos que quedan excluidos de la ley amnistía, empezando por “los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad”. También excluye “los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes (...) siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”. Suma “los actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme” y “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”. Por último, el artículo 2 de la ley también excluye de la amnistía los delitos “que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea” y los delitos “en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado candidato por el Rey a principios del pasado mes de octubre. Armengol ha asegurado que “en los último días” el candidato le comunicó que ya había hecho “toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento” y que estaba ya en condiciones de someterse al debate de investidura. Por tanto, ha decidido convocar el debate para los días 15 y 16 de noviembre. La sesión comenzará el jueves a las 12 el mediodía con el discurso del candidato, que no tendrá límite de tiempo, y tras una pausa para comer el Pleno se reanudará por la tarde con la intervención de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, empezando por el PP. La sesión plenaria se cortará a última hora de la tarde del miércoles y al día siguiente continuarán los grupos parlamentarios que falten para terminar con el PSOE, que es quien presenta al candidato. Y en torno al mediodía del jueves se calcula la votación, que será pública y por llamamiento, lo que supone que cada diputado se irá poniendo en pie en el hemiciclo al ser mencionado y anunciará su voto a viva voz: sí, no o abstención.

A priori, Sánchez cuenta con los votos suficientes para ser investido presidente en la primera votación, pues el PSOE tiene firmados los apoyos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, que suman 179 diputados, por encima de la mayoría absoluta (176) que se requiere. Si algo fallara, habría que celebrar una segunda votación 48 horas después, el sábado. Si tampoco prosperase, habría que repetir elecciones el 14 de enero. La presidenta del Congreso será la encargada de desplazarse al Palacio de la Zarzuela para informar al Jefe del Estado y para organizar el acto de juramento del presidente investido, que se espera para el viernes. El formato es similar a la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre a finales de septiembre, pero no obstante la presidenta ha convocado este martes a la Junta de Portavoces para ordenar la sesión.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado la “satisfacción total” de los socialistas por la inminente investidura de Pedro Sánchez y ha aconsejado al PP que “supere el shock del 23 de julio”. Para el dirigente socialista, “se ha demostrado la capacidad del PSOE de agrupar a una mayoría parlamentaria de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución”, lo que supone que “España tendrá Gobierno de progreso durante los próximos cuatro años”. En declaraciones a los periodistas, Reyes ha dicho que “es triste que el PP aún no haya superado el shock de las urnas”, porque “estaban convencidos de que iban a gobernar” y, tras ganar las elecciones, “fueron incapaces de sumar una mayoría de Gobierno en este país”. Ha incidido en que el PSOE sí ha logrado articular esa mayoría, sumando hasta 179 diputados. Por ello, ha lamentado que el PP “no asuma el resultado y no asuma que va a estar en la oposición”, actitud que es “una constante” desde el año 1982. “El PP y las derechas creen que son sinónimo de Gobierno y no aceptan no serlo. No lo aceptaron con Felipe González, no lo aceptaron con Zapatero y no lo aceptaron desde el minuto uno con Pedro Sánchez, no ahora con la amnistía, sino desde el minuto 1 en que le pidieron que dejara el Gobierno”. Asimismo, el líder socialista ha afirmado que el PP y Feijóo siguen “acomplejados ante la ultraderecha” y que “se equivocan” “cuando condenan con la boca pequeña los ataques a las casas del pueblo, con esas manifestaciones donde lo único que dicen es que quien tiene que gobernar es el PP, utilizando el discurso de que ganaron las elecciones”.

“Lo dicen en Jaén, donde hay un alcalde del PP que no ganó las elecciones pero que sumó mayoría con otro partido y que el PSOE respeta porque respeta la Constitución y forma parte de nuestro ADN”, ha dicho el dirigente socialista y ha añadido que “lo triste es que el PP no sepa hacer política sin confrontación”. Igualmente, ha lamentado que estas movilizaciones “le sirvan a Juanma Moreno como argumento para no dar respuesta ni explicaciones sobre temas como la sanidad pública, con manifestaciones de colectivos y con citas en el Hospital para 2025, para dentro de año y medio”. Asimismo, ha dicho que Moreno tampoco da explicaciones “de lo que está sucediendo con el director general de Pesca, alto cargo de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno, que está siendo investigado por dar ayudas a una empresa de la que es titular”. “O no pedir disculpas al secretario de Organización del PSOE-A por el linchamiento público que se le hizo en vísperas de las elecciones por un tema que ahora la Justicia ha archivado”, ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que las movilizaciones del PP son “para tapar las propias vergüenzas de lo que está haciendo la Junta de Andalucía”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que debe esperar cuatro años si quiere que se convoquen elecciones, después de que en la manifestación organizada por su partido contra la amnistía el domingo en Madrid exigiera a Pedro Sánchez que diera la voz a los españoles en unos nuevos comicios. “Las elecciones tienen unas causas, cada cuatro años, o cuando el Gobierno pierda la confianza o cuando se produzca la disolución (de las Cortes) por el presidente del Gobierno. No lo decide el líder de la oposición”, ha afirmado el exdirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Zapatero ha asegurado que entiende que Feijóo pida elecciones pese a que “han sido hace poco”, asegurando está en su derecho de hacerlo, mientras que ha pedido “respeto” para el presidente del Gobierno cuando la investidura se confirme y ha recordado que la democracia “se expresa en el voto de la ciudadanía”. “En el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos son el cauce fundamental de la participación política y su ejercicio debe ser libre. Y esto que está reiterado, pues puede ser que alguien debería interpretar qué supone el artículo”, ha lamentado, subrayando la importancia de que los diputados no pierdan la legitimidad que les da el voto de los ciudadanos.

Para Zapatero, “parece mentira” que “haya que recordar valores tan esenciales de la democracia”, insistiendo a su vez que los 179 diputados que votarán ‘Sí’ en la investidura de Pedro Sánchez “representan la soberanía popular” en la misma condición que el resto de diputados. Por otra parte, Zapatero ha indicado que “la crítica” de la oposición que ejerce el PP “ha ido in crescendo”, un hecho que no cree que sea “bueno para el conjunto del país” porque considera “mucho mejor” un “debate sosegado”. Asimismo, se ha referido a quienes aseguran que España “va camino de una dictadura” por los acuerdos entre PSOE y Junts, tal y como afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación convocada por el PP en la Puerta del Sol de Madrid. “Oigo decir que estamos en una dictadura, y lo dicen en la plaza central de España”, ha ironizado, admitiendo que a veces se lo toma “con sorna” pero que en otras ocasiones le preocupa que ese discurso de deslegitimación “cuaje” en parte de la población española. No obstante, ha manifestando su creencia de que España estará “mejor” dentro de uno o dos años, pronosticando a su vez que el país “no se va a romper”.