La Guardia Civil implica a Aguirre en la trama Púnica
Sitúa a la expresidenta en conversaciones en las que se habló de contratos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de esos encuentros ni el papel que ella desempeñó. Así lo concluye la UCO en un informe, adelantado por El País y al que tuvo acceso Europa Press, en el que dice que tiene “constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo” en las que “se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación” a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, “entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre”, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado.
Apuntala su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad, Manuel Lamela, prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo “la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta, la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y Daniel Horacio Mercado, “donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla”.
Según el informe de la UCO, este “supuesto trato de favor” hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003 y 2007. Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había realizado trabajos de comunicación para el Partido Popular.
Todos los elementos de prueba analizados por los investigadores de la UCO acreditan que el PP de Madrid “no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, por importe de 151.503,35 euros, y tampoco los realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año, por “88.708,68 euros”.