La Abogacía solo ve sedición

La abogada del Estado Rosa María Seoane defendió ayer en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo la condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, la utilización de la violencia “como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza” no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.

Para la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal, que comprende la existencia de un “alzamiento público tumultuario” que incluye el uso de la fuerza. Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento “violento” que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que hoy se juzgan en el alto tribunal. Para Seoane, “queda fuera de toda duda” que los hoy procesados en prisión, “cada uno dentro de su rol, hicieron su parte” y fueron coautores de la sedición, pero no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a la rebelión. Y todo ello pese a producirse un “alzamiento” ,especialmente en la jornada del 1-O, de dos millones de personas que se movilizaron de forma masiva en toda Cataluña.

Igualmente, Seoane acredita la comisión por los exmiembros del Govern sentados en el banquillo de un delito de malversación de fondos públicos que acredita el modo de actuar de todos ellos en aquellos días, que no fue sino “la adscripción de todos los elementos materiales y humanos de la Generalitat” al objetivo secesionista. Esta postura supone, en síntesis, una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía, ya que se quedarían entre los 8 y 12 años de cárcel. Las del Ministerio Público, sin embargo, van desde los 25 años solicitados para Oriol Junqueras a los 17 para algunos acusados de rebelión, rebajándose a 7 años en el caso de los tres acusados únicamente de desobediencia y malversación. La alusión a la inexistencia de la violencia que exige la rebelión no se produjo hasta el final del alegato de la Abogada del Estado, que consumió la mayor marte de la hora y media de su discurso en destacar los hechos que esta parte considera probados.