El Constitucional frena el proceso independentista
Admite el recurso presentado por el Gobierno contra el Parlamento catalán
El Pleno del Tribunal Constitucional decidió, ayer martes, por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la moción que se aprobó el pasado 5 de julio por el Parlamento de Cataluña que ratifica los objetivos políticos de la resolución del 9 de noviembre de 2015 para culminar con el proceso independentista.
La admisión a trámite conlleva la suspensión de la práctica totalidad del contenido de la Moción 5/XII que destaca la “firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas” por el Parlamento de Cataluña “para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña” sin que exista subordinación alguna al resto de instituciones españolas, entre ellas el Tribunal Constitucional.
En la providencia de los magistrados del Tribunal Constitucional no se contemplan ni advertencias, ni reclamaciones personales sobre posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo pidió en el recurso. Los artículos del 1 al 5 de la Moción quedan suspendidos durante al menos cinco meses --prorrogables-- mientras el tribunal de garantías resuelve sobre el fondo al aplicarse artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la adopción de esta medida de forma automática una vez se comienzan a tramitar recursos de inconstitucionalidad impulsados del Ejecutivo.
Unos de los artículos que se han suspendido reitera los objetivos políticos plasmados en la resolución aprobada el 9 de noviembre de 2015 —suspendida también por el Tribunal Constitucional— que marcaba el “inicio del proceso político en Cataluña” como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, “legitimados por los resultados del referéndum de el 1 de octubre y de las elecciones del 21 de diciembre de 2017”.
Además, la Moción —aprobada con los votos de Junts per Catalunya, ERC y la CUP— insiste en la defensa del derecho a decidir y de la autodeterminación e insta a “hacer efectivos” las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional anteriormente. La providencia da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de 20 días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de mala noticia la anulación de la moción soberanista, aunque ha indicado que pretenden dar la oportunidad de establecer diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por su parte, el presidente del Gobierno, ha expresado su disposición a explorar soluciones políticas “valientes y audaces” para resolver la crisis política en Cataluña pero, eso sí, ha advertido a los independentistas catalanes de que será siempre dentro del marco de la Constitución.
En su réplica en el Pleno del Congreso a los portavoces de Esquerra Republicana (ERC) y del PDeCAT, Sánchez ha asegurado que su Gobierno está abierto a abordar con ambos partidos y también con el resto de grupos del Parlament una solución que sea factible y competente para Cataluña. Aunque ha dicho ser “consciente” de que existen “enormes diferencias” entre el PSOE y las formaciones independentistas para encontrar una salida al conflicto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que “lo importante” no es ver a qué se renuncia, sino ver en qué se está dispuesto a llegar a acuerdos.
Sánchez ha asegurado que la crisis en Cataluña “sólo se resolverá votando”, pero no votando una “ruptura”, como pretenden Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT con su petición de un referéndum separatista, sino un acuerdo para reformar el Estatut.
En este punto, ha recordado a los secesionistas que tanto para modificar el Estatuto de Cataluña como para aprobar una Ley Electoral para esa comunidad, se necesitan tres quintos del Parlament, “y eso a día de hoy no lo tienen”, ha afirmado el presidente.
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citado a declarar en calidad de investigada para el próximo 24 de julio a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, después de que la Guardia Civil apuntara en un informe que omitió información sobre el gasto relativo a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El magistrado acuerda su citación para el próximo 24 de julio tras el informe del Instituto Armado que se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo sobre las facturas de la empresa Unipost para cobrar los envíos electorales del 1-O por un total de 979.661,96 euros y que se repartían entre cinco Consejerías de la Generalitat.
La Generalitat sopesa no acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves, o bien enviar a un delegado, ha dicho en rueda de prensa este martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi.
“Se ha comentado que, en cualquier caso, el vicepresidente no iría y que o bien delegaría o no asistiríamos”, ha agregado Artadi sobre la presencia del conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Según la portavoz, el único voto que tiene valor en esta nueva reunión es la de ministra de Economía y Hacienda, Nadia Calviño, dado que solo se permitirá dar alguna opinión a los participantes.
El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si su Ejecutivo sigue rechazando el referéndum de autodeterminación en Cataluña, les condenarán a “volver a desobedecer”. “Si ponen como condición para avanzar en el diálogo la negación del referéndum, no nos encontraremos”, ha manifestado Tardà durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde Sánchez ha expuesto este martes las líneas maestras de su Gobierno.
El independentista catalán ha destacado que hace cinco años la negativa del PP y del PSOE a tomar en consideración en el Congreso la petición del Parlament de pactar un referéndum soberanista trajo consigo las consecuencias que se han vivido en los últimos meses.
Entre éstas ha citado la “criminalización” de las elecciones de septiembre de 2015, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el “exilio” y la cárcel para los miembros del Govern de Puigdemont.